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¡Es urgente sanear la justicia!

Desde el holocausto del Palacio de Justicia no habíamos conocido una tragedia semejante.

No creo incurrir en hipérbole, sino apenas tratar de entender la hecatombe institucional que se está conociendo en estos días sobre la Rama Judicial, si digo que desde el holocausto del Palacio de Justicia los colombianos no habíamos conocido una tragedia semejante, hasta la corrupción que (entre desconcierto, repugnancia y cólera enardecida de los ciudadanos) se ha enseñoreado sobre altas corporaciones de la Rama como algunos tribunales departamentales y ahora la mismísima ¡Corte Suprema de Justicia!
Claro que las faltas y delitos contra la correcta administración judicial, debidos a altos dignatarios, jueces, fiscales, empleados y subalternos en connivencia con abogados, rábulas y tinterillos, no son nuevas, ni tampoco los frecuentes cuestionamientos sobre su conducta personal. Porque actuaciones tan desdorosas e ilícitas como las que comprometieron la magistratura de Jorge Pretelt en la Corte Constitucional, y aquellas tan controvertidas de que hizo gala el fiscal Montealegre con Moreno y los expresidentes de la Suprema, ahora reveladas, son antecedentes de cuanto hoy sigue saliendo a la luz, primero en respuesta a quienes por años han advertido la sima moral que subyace en ciertos sectores de la Rama y luego como urgente llamado a salvarla de la podredumbre que, por lo visto, ha resuelto liquidarla definitivamente.

Ya no hay excusa para no tomar el toro por los cuernos, para seguir soslayando el enorme estado de gravedad en que se encuentra
la justicia como valor preponderante de la sociedad

Como se ha repetido con frecuencia por voces autorizadas en la materia, las razones determinantes de la corrupción judicial son imposibles de tratar, o siquiera de enunciar sucintamente, en una columna de periódico. Pero lo que sí puede señalarse desde aquí es que ya no hay excusa para no tomar ese toro por los cuernos, para seguir soslayando el enorme estado de gravedad en que se encuentra la justicia como valor preponderante de la sociedad ni para continuar creyendo que los políticos corruptos no se atreverían a buscar el recambio monetario de sus faltas y delitos en las más altas instancias de la administración de justicia.
Pero en la situación de cuidados intensivos, ocasionada por la corrupción en que se encuentra una vasta porción de la Rama, presuntamente en contubernio con políticos, alienta el denodado empeño que para erradicar semejante infección, fácilmente convertible en epidemia, está mostrando el fiscal Martínez Neira, aun a riesgo de su propia tranquilidad, en cumplimiento del compromiso adquirido con el país de emplearse a fondo en atacar de raíz este cáncer devorador de operadores judiciales que todos teníamos derecho a creer incorruptibles, mínimamente éticos y con algún vestigio de decencia.
En esa dirección, ante una avalancha de podredumbre como la que asoma a diario a todo lo largo, ancho y hondo del ámbito judicial colombiano, carece de importancia el reparo de algunos acerca de que la Fiscalía no inició el ‘destape’ de esta enfermedad terminal, sino las autoridades norteamericanas. Sea o no cierto, toda colaboración es bienvenida para acabar esta infame cohabitación con el delito como lo más natural del mundo, olvidando que, en todo caso, ciertos funcionarios judiciales se corrompen, como numerosos políticos, pero no avanzarán sobre los miles de operadores que sirven a la Rama con eficiencia, abnegación y decoro.
Los exmagistrados Bustos, Ricaurte y Tarquino, más Moreno y Pinilla, pueden no ser (no creo) los únicos extraviados en el desastre ético que está enlodando a la Rama. Y es probable también que de la arena política haya alguien más que Andrade y Ramos. Confiemos en que los jueces naturales de unos y otros sean de aquellos aún empeñados en impartir justa justicia.
VÍCTOR MANUEL RUIZ
vimaruiz@hotmail.com
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