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Vergüenza

Futuro señor fiscal: es absurda su propuesta de descriminalizar la violencia intrafamiliar.

PAOLA OCHOA
Qué tal la perla de Néstor Humberto Martínez en las audiencias ante la Corte Suprema: que hay que descriminalizar la violencia intrafamiliar porque “atosiga a todo el sistema penal”. Que semejante frase la diga Perico de los Palotes, vaya y venga. Pero que la diga el aspirante a Fiscal General que va ganando las votaciones en la Corte, no solo da coraje: también da pena y vergüenza ajena.
Con su propuesta, las mujeres no volverán nunca a denunciar a sus agresores. Nadie en su sano juicio va a delatar la golpiza del marido si no existe la garantía de que este va a ser detenido. Las colombianas vamos a quedar absolutamente desprotegidas y marginalizadas de uno de los grandes avances del Siglo XX en todo el planeta: el derecho de la mujer y los niños, víctimas de violencia intrafamiliar, a ser defendidos y protegidos por el Estado de oficio.
Un tema en el que han avanzado enormemente otros pueblos, donde los gobiernos nacional y local cuentan con complejos sistemas de alerta temprana para defender potenciales víctimas de abuso o violencia intrafamiliar. Las autoridades judiciales denuncian penalmente a los agresores incluso en contra de la voluntad de sus propios cónyuges. La razón es elemental: la mayoría de los homicidios femeninos son cometidos por sus parejas o familiares íntimos. Por eso desde los años 50 los Estados intervienen directamente en lo que pasa en el núcleo familiar.
La mejor solución que se ha encontrado hasta el momento son cuerpos de Policía con mujeres entrenadas en violencia intrafamiliar, capaces de arrestar y detener a las parejas violentas. Eso y la creación de casas seguras y protegidas para que la víctima esté a salvo de la potencial venganza de su compañero. Este en muchos casos no logra sobreponerse a los celos, rabia, vergüenza y humillación que se siente tras un arresto.
Por eso resulta inimaginable una política de protección a las mujeres sin facultad de arresto y detención del violento. Y la única manera de arrestar a una persona en Colombia es que la falta cometida tenga características penales, es decir, que pueda dar cárcel. Por eso la propuesta de Néstor Humberto de descriminalizar la violencia intrafamiliar resulta tan absurda, porque si no hay un crimen potencial, no puede haber tampoco arresto. Bienvenida la discusión sobre penas alternativas, pero la protección de la víctima debe ser la garantía mínima.
Nuestro próximo fiscal general, antes que preocuparse por el hacinamiento carcelario, debería estar pensando en el posconflicto y en los mecanismos de alerta temprana que le permita prevenir violencia contra mujeres y niños. Se trata, al fin y al cabo, de los dos grupos que engendran las violencias sistémicas aquí y en el resto del mundo. Los colegios, centros de salud y hospitales, servicios sociales y policías tienen que estar entrenados y atentos a prevenir este fenómeno. En el siglo XXI las mujeres exigimos una política criminal y penal que nos garantice seguridad a nosotras y a nuestros hijos.
Sobre todo ahora que se nos viene pierna arriba el posconflicto. Está demostrado que los feminicidios y los crímenes contra la mujer se disparan después de firmar los acuerdos de paz. Así ha sucedido en Centroamérica, donde la violencia contra la mujer se multiplicó en Guatemala y El Salvador. Y la razón es que los excombatientes canalizan toda esa furia, rabia y frustración contra sus compañeras. Jóvenes sin educación y sin trabajo que solo saben usar la fuerza para lograr sus metas. De ahí que entre 50.000 y 70.000 mujeres y niños huyan al año de Centroamérica.
Colombia va a recibir entre 10.000 y 20.000 desmovilizados que tienen un enorme riesgo de expresarse de manera violenta contra sus parejas. Hoy más que nunca las mujeres colombianas necesitamos de una política que nos garantice nuestra seguridad. Nadie está pidiendo encarcelar a los maridos de por vida, ni que estos se pudran en La Picota por el resto de sus días. Pero sí que sean arrestados y recluidos en centros de detención especiales hasta que se tenga certeza sobre la seguridad de sus parejas.
Le pasó recientemente a Pablo Armero, exjugador de la Selección Colombia, por mechonear a su esposa en Miami se lo llevaron detenido a un centro penitenciario de ese condado. Le pusieron uniforme naranja, le tomaron foto, le abrieron historial criminal y le tocó pagar una fianza para recuperar la libertad. Si reincide dos veces más, se va para una prisión de verdad.
Señores magistrados de la Corte Suprema, piensen muy bien qué tipo de fiscal necesita Colombia en este momento histórico. Improvisar por influencias políticas, dádivas o amiguismos sería un error craso. Lo que está en juego es el futuro de sus nietas y sus hijas. Y la verdadera paz de nuestro estado.
PAOLA OCHOA
PAOLA OCHOA
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