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Una reforma inaplazable

Este Gobierno se resiste al crecimiento de la incredulidad de los colombianos en sus instituciones.

JUAN FERNANDO CRISTO
El 20 de julio del año pasado, el presidente Santos anunció al país una reforma de “equilibrio de poderes y ajuste institucional”, resultado de un estudio juicioso del Gobierno con los partidos de la Unidad Nacional, los conservadores y la Alianza Verde, con el propósito de enfrentar los innegables problemas de funcionamiento de la estructura del Estado y la creciente desconfianza en las instituciones.
El Presidente había anunciado su intención de promover la prohibición de la reelección presidencial, que tanto daño hizo a la “ingeniería constitucional” adoptada en 1991. Pero volver a cambiar solo el “articulito” era incurrir de nuevo en el error de no entender que el sistema de pesos y contrapesos es un todo. Sin duda, el problema más grave es el de la reelección, pero también hay otros que afectan al conjunto, como la fragmentación de los partidos, así como las deficiencias en el Gobierno y la gerencia de la administración de justicia, y las prácticas que afectaron la credibilidad de las más altas corporaciones judiciales.
Fortalecer los poderes públicos para recuperar la confianza y hacerlos más eficientes fue el objetivo, y para ello presentamos un proyecto de reforma constitucional. Fue esta una propuesta cuidadosa. Pedimos al Congreso cambiar las reglas de su elección para tener bancadas fuertes, fruto de listas de partidos cerradas y una mayor representación regional en el Senado. Recogimos varias de las muchas ideas recientes de reforma de la Rama Judicial.
Discutimos con muchos expertos cómo puede ser el mejor diseño de las instituciones de gobierno y gerencia de la justicia, entendiendo que nadie hoy en Colombia defiende el fallido modelo del Consejo Superior de la Judicatura. Este gobierno promueve ejercicios de democracia deliberativa y no considera derrotas cuando las razones señalan que una posición puede mejorarse o incluso cambiarse.
El cambio del régimen de responsabilidad de los magistrados de las altas cortes es un tema que se ha discutido mucho, de tiempo atrás. Se ha buscado una fórmula para garantizarles un juicio por su conducta, sin afectar la independencia y autonomía de la Rama. Pero es clara la conveniencia, para la majestad de nuestra justicia, de que ellos tengan quien los investigue y juzgue. Se ha reconocido su inmunidad funcional, se ha precisado que se trata de un sistema de responsabilidad jurídica, se ha propuesto que sus investigadores sean de las más altas calidades y elegidos por meritocracia; se ha mantenido la intervención del Congreso, que asegura un debate público y el control social, y se ha mantenido en la Corte Suprema la competencia última de juzgamiento de carácter penal.
Entramos, entonces, a la recta final de un debate ejemplar que el Congreso ha conducido durante el trámite de la reforma. Es el Poder Legislativo el que cuenta con las competencias y facultades para reformar la Constitución. Y hasta ahora han cumplido su tarea con lujo de detalles, y sabemos que la Cámara de Representantes estará a la altura de las expectativas frente a una reforma que, habiéndose tramitado con estricto apego a la ley, elimina toda forma de reelección en Colombia, suprime el Consejo Superior de la Judicatura, elimina la Comisión de Acusación de la Cámara, prohíbe la ‘puerta giratoria’ y la práctica del ‘yo me elijo, tú me eliges’ en la justicia.
Creo que todos estamos de acuerdo con esas decisiones, y nadie entendería que pasáramos 2 o 3 años más para volver a discutirlas. Se ha dicho que esta reforma refuerza los poderes del Ejecutivo, afirmación equivocada porque no se añade una sola función a las que ya tiene hoy el Jefe de Estado. Además, al prohibir la reelección se impide la acumulación del poder. Se introducirán cambios importantes y positivos en la estructura institucional del país. Por ello invitamos a los críticos a que, como lo hicieron esta semana las altas cortes, contribuyan con sus ideas y observaciones. Este gobierno es reformista y se resiste a contemplar tranquilo el crecimiento de la desconfianza y la incredulidad de los colombianos en sus instituciones, cuando tenemos la oportunidad de reformarlas y salvarlas.
JUAN FERNANDO CRISTO
Ministro del Interior
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JUAN FERNANDO CRISTO
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