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Tardías lecciones del holocausto

Después de treinta años, la solución no es pedir cárcel, pero sí verdad.

Como decíamos en la pasada columna, un hecho de tal magnitud generó toda clase de reacciones, pues se ha dicho con razón que en el siglo XX fue el episodio más grave después del ‘Bogotazo’.
El propio Presidente nombró un tribunal especial de investigación integrado por ciudadanos de primer nivel, como el exprocurador Jaime Serrano y el industrial Carlos Upegui, que estableció: a) el primer responsable fue el M-19, por su acción terrorista; b) Hubo exceso en el uso de la fuerza y no se tuvo en cuenta la vida de los rehenes; c) Personas que salieron vivas luego no aparecieron.
César Gaviria, en 1985, fue quien, a nombre del candidato liberal Virgilio Barco, cuestionó políticamente la forma como se había manejado la situación. La Procuraduría en 1990 destituyó disciplinariamente al general Arias Cabrales y al coronel Sánchez Rubiano por razones parecidas a las contenidas en el informe del Tribunal Especial. En esa decisión, bajo mi dirección, por primera vez se aplicó el derecho internacional humanitario en cuanto no se había tenido en cuenta en el operativo –como gallardamente lo reconoce el Presidente Betancur– la vida de los rehenes. La sanción también fue por la desaparición de la guerrillera Irma Franco.
Esa decisión fue cuestionada por el establecimiento (incluidos prácticamente todos los medios de comunicación de la época), y el Ministro de Defensa, cuando años después tuvo que cumplirla, lo hizo con una extraña carta considerándola “injusta”. Por falta de apoyo político me retiré de la Procuraduría. En la carta de renuncia al presidente Gaviria, en noviembre de 1990, dejé consignado lo siguiente: “Ojalá quienes ahora, por motivos puramente electorales, enjuician con razones políticas la vigencia del Estado de derecho y cuestionan el que se pidan explicaciones a funcionarios públicos por torturas, por desaparición de personas o por no tener la debida consideración con la vida de rehenes injustamente comprometidos en situaciones de conflicto armado, no encuentren en el futuro fundados motivos para arrepentirse por el daño que tales actitudes le causen a la vigencia del Estado democrático de derecho”.
Nunca se ha procesado a nadie por la decisión misma de no negociar, ni por los operativos militares propiamente dichos. Si la justicia no ha avanzado no es precisamente por desidia, sino que en este caso ha habido una especie de “pacto de silencio” que no le ha permitido actuar con libertad.
Basta recordar que por la decisión de la Procuraduría en 1990 debí comparecer al Senado, y en cierta forma, por falta de respaldo político, tuve que retirarme de la entidad, como lo acabo de señalar. Ni los medios, ni la sociedad, ni el estamento político han respaldado a los jueces en sus decisiones. Algunos de ellos están en el exilio.
Quedan muchos interrogantes: ¿quién ordenó el retiro de la vigilancia del palacio? ¿Por qué no se atendió el llamado del presidente de la Corte? ¿Por qué se silenció a la prensa ese día? ¿Manejó realmente, y en todos los detalles, la situación el Presidente de la República? ¿Por qué no se dialogó si siempre se ha hecho antes y después, inclusive con un criminal como Pablo Escobar, a quien se le permitió amoldar la normatividad, escoger la cárcel y hasta sus guardianes?
A 30 años, la solución no es pedir cárcel, pero sí verdad. Aquí cabría la justicia transicional, para que sepamos la verdad completa.
Es irónico que no se aceptara el cese del fuego, pedido por el doctor Reyes en medio del fragor del combate absurdo (con magistrados y demás civiles adentro), y que hoy sí tengamos y debamos aceptarlo con los grupos armados, y en eras de la paz, a pesar de tanta agua negra y sangre corrida debajo de los puentes. Ahora es el presidente Santos quien, con valor, en los actos conmemorativos de los 30 años del holocausto, pide el cese del fuego. Treinta años de retardo en atender el llamado del presidente Reyes Echandía.
Alfonso Gómez Méndez
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