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Estamos ciegos, sordos y mudos

El siglo XXI es de rupturas, de encrucijadas de 'border line' en muchos escenarios, de quiebres, de nuevos paradigmas.
Está estudiado por los expertos en población y desarrollo que el planeta no puede sostener, con una buena distribución de recursos, más de 8.000 millones de personas, y para allá vamos, en el 2025 (en las ciudades hay una persona más cada dos segundos), con el agravante de que más del 90% de esa población la aportamos los países menos desarrollados. Está claro que la aniquilación de especies y la escasez del agua pondrá en riesgo la supervivencia. Es un hecho que la amenaza nuclear pondrá a la "civilización" frente a nuevas guerras.
Pero hay algo muy particular para países como Colombia, aparentemente ricos en tierras fértiles y en agua: el mundo desarrollado, e incluso los vecinos latinoamericanos más visionarios, han comprendido que necesitan asegurar para sí muchas de estas tierras con las riquezas de sus subsuelos. Comprar tierras, las mejores, para no poner en riesgo la supervivencia futura de la población de sus dueños parece ser la consigna.
Esto se hace más evidente ahora, cuando el Estado colombiano, en su  política de restitución de tierras, se encuentra con verdades como las que denunció 'Pirri' en un reciente programa de Televisión (RCN, octubre 20): Muchos de los dueños de las tierras que deben ser restituidas son empresas o  consorcios internacionales que alegan haberlas comprado de manera legal y sin presiones. ¿Podrá enfrentarse el Gobierno colombiano o un humilde campesino a los voraces abogados de esas multinacionales?
Sobre el tema del agua hay otra situación igualmente grave: amparados en la legislación del Estado, los grandes capitales están pidiendo concesiones de aguas para pequeñas hidroeléctricas y así aseguran por décadas y para su usufructo aguas que deben estar siempre bajo dominio total del Estado, porque este recurso vital  es de todos los habitantes del territorio colombiano y nunca del que posea más dinero para su usufructo. La legislación hídrica colombiana hay que revisarla con urgencia antes de que el agua pase a manos de particulares o de embotelladoras que ganarán más por nuestra agua -envasada y vendida por ellos- que por una gaseosa en el mercado.
Al paso que vamos, sucederá con el agua lo que ocurre hoy con la telefonía móvil. El Estado colombiano ha permitido que capitales extranjeros se apropien del mercado, poniendo en riesgo la sobrevivencia de empresas públicas de Bogotá, Cali y Medellín, como es el caso de UNE, las cuales están trabajando bajo el concepto de la responsabilidad social, para llegar con el servicio hasta los mercados menos prometedores. El exgerente de EPM, Federico Restrepo, ya lo había denunciado en el libro sobre las claves del éxito de EPM, publicado en el 2011: "Es necesario reclamar coherencia normativa del Gobierno, que aplica topes en generación y distribución de energía para los operadores y no ocurre  lo mismo con el sector de telecomunicaciones, donde un solo actor ya tiene más del 60% del mercado".
Escenarios como estos favorecen en Latinoamérica el florecimiento de gobiernos antidemocráticos como el de Hugo Chávez en Venezuela, con el argumento de la defensa contra "los invasores capitalistas".  Yo tengo fe en el gobierno de Juan Manuel Santos, pero se necesita que los medios de comunicación, los escenarios académicos y todos los ministerios trabajen bajo la consigna de un Estado democrático que comprende los inmediatos retos del futuro y actualice su legislación para impedir que intereses privados extranjeros se sigan apoderando de lo mejor del territorio colombiano, de sus bosques, de sus páramos, de sus tierras litorales y de sus riquezas minerales.
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