La simbiosis entre Estado y crimen organizado profundiza las limitaciones de la democracia.

    Un encuentro pionero de analistas y periodistas de América Latina y África Occidental, acompañado por estadounidenses y europeos, analizó la actividad criminal organizada transnacional, que, como expresión de una "globalización sombra", captura Estados y se expande al mismo ritmo de la tecnología, las comunicaciones y los mercados mundiales.

    Más que en las conexiones latinoamericanas, africanas y asiáticas en una amplia gama de actividades ilícitas, como el tráfico de drogas y armas o la trata de personas, la discusión del foro se centró en la relación entre los grupos delictivos organizados y los actores político-estatales. El examen de los casos de Ghana, Guinea-Bissau, Nigeria, Sierra Leona, Sudáfrica, México, Guatemala, Nicaragua, Colombia, Ecuador o Perú, mostró las diferencias sobre quién captura a quién, si el crimen transnacional al Estado o los políticos a la delincuencia organizada.

    Los africanos mostraban cómo para ellos la política no es la única entrada de la criminalidad, pues esta se sirve, además, de los vínculos coloniales con empresarios ilegales, y coincidían con los latinoamericanos en que la delincuencia se aprovecha de todas las interacciones ilícitas con el Estado: corrupción administrativa, impunidad, infiltración para impedir la acción policial y judicial, cooptación o asesinato de funcionarios, legisladores y fiscales. De México y Centroamérica se expusieron casos dramáticos de captura del Estado.

    Se examinó, asimismo, la llamada "captura invertida", en la cual la expansión de operaciones y redes delictivas se ha dado mediante el aprovechamiento de posiciones de poder para cooptar grupos delictivos con el propósito de controlar el sistema político y garantizar intereses privados. Ahí encajan la narcoestrategia de Montesinos en Perú lanzada desde el Estado, y el caso colombiano, en el que redes políticas, económicas y de seguridad, junto con bandas criminales, han usado el poder, la tierra, el narcotráfico y la violencia para acaparar recursos, reconfigurar parcialmente el Estado, incidir en elecciones y reelecciones, paralizar reformas políticas y neutralizar parte de la acción contra la criminalidad organizada.

    El debate mostró que, independientemente de quién haya capturado a quién, la simbiosis entre Estado y crimen organizado profundiza la debilidad estatal, la inseguridad y las limitaciones de la democracia. Y aunque las respuestas a la delincuencia transnacional tendrán que ser adecuadas a las situaciones concretas, se insistió en que, de modo general, resulta indispensable superar la sobredosis de acción militar y la criminalización de los más débiles de la cadena, aumentar la inteligencia, quitarles el poder a las redes criminales, empoderar a las comunidades, en especial a las fronterizas, fortalecer las instituciones y mejorar la política.

    Como el evento se desarrollaba en Lima en medio de la campaña electoral y de la mutua denuncia de los candidatos más opcionados por supuestas relaciones con narcotraficantes, el debate final se centró en analizar acuerdos como el firmado en el 2010 por los partidos peruanos para prevenir la penetración de la criminalidad organizada en las elecciones. Ante la ineficacia de los acuerdos, se propuso tomar medidas como rechazar postulantes que no justifiquen sus bienes e ingresos, pedir a los candidatos que renuncien al secreto bancario y declarar vacante el cargo del elegido que falte a la verdad.

    En buena hora, los organizadores del evento (Centro para la Cooperación Internacional de la Universidad de Nueva York, Idea Internacional, Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria y la fundación Open Society) se han comprometido a profundizar este inaplazable debate.