Bordeando la complicidad

Bordeando la complicidad

Se revela incapacidad del Estado para hacerle frente a la actual disputa por el control territorial.

25 de marzo 2017 , 12:00 a.m.

Estamos ante una grave emergencia que no se puede subvalorar. Ya son dos años en que revive el horror: aumentan amenazas, atentados, detenciones, desapariciones y asesinatos de líderes sociales, en especial de los que están ligados a restitución de tierras, Marcha Patriótica y defensa de derechos humanos.

Así lo muestran registros de Somos Defensores, Indepaz, Cerac y el estudio de Fergusson, Querubín, Ruiz y Vargas sobre incremento de ataques entre 1997 y el 2014 como reacción de élites políticas y económicas en zonas donde han ganado elecciones sectores distintos a los tradicionales. Rodrigo Uprimny muestra que se podría estar repitiendo un patrón peligroso: se desatan amenazas y crímenes para forzar al abandono de los esfuerzos dirigidos a resolver problemas que nutren la guerra, e impedir una paz que incluya reformas democráticas, acuerdos con las guerrillas y participación de actores sociales, regiones marginadas y nuevas fuerzas políticas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuestionó la falta de acción del Estado, y Amnistía Internacional llama a tomar en serio el que “valientes activistas están siendo silenciados por poderosos intereses económicos y políticos locales y regionales, así como por diversos grupos armados, incluidos paramilitares”.

Mal mensaje mandan los ministros del Interior y de Justicia y la Fiscalía al desestimar denuncias, reiterando que los asesinatos a líderes son casos aislados, y que el paramilitarismo no existe.

Naciones Unidas muestra un mayor incremento de ataques y homicidios en zonas de las que salieron las Farc. El Alto Comisionado para Derechos Humanos en Colombia señala que en ello incide que el Estado aún no tiene allí presencia real ni ha implementado aspectos cruciales del Acuerdo Final orientados a transformar las economías ligadas a cultivos y minería ilegales. Grupos irregulares llegan entonces a disputárselas, y los millones de personas que viven en esas zonas, en lugar de obtener inclusión política, social y económica, vuelven a ser blanco de la violencia. Y agrega que la solución pasa por reconocer tanto los ataques a líderes y defensores como la obligación del Estado de garantizar su vida.

Justamente porque el país ha entrado en un difícil tránsito y algunos actores se resisten a los cambios, más de 280 organizaciones piden en carta a la ONU que Todd Howland siga como alto comisionado en Colombia. Howland ha ejercido una sólida defensa de los derechos humanos, se ha comprometido con los más vulnerables, ha impulsado el diálogo del Estado con sectores sociales y remotos lugares de la confrontación, ha llamado a no reanudar la violencia con el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos, y a no arriesgar la paz debilitando sus fundamentos legales.

Mal mensaje mandan los ministros del Interior y de Justicia y la Fiscalía al desestimar las denuncias, reiterando que los asesinatos no son sistemáticos, sino casos aislados, y que el paramilitarismo no existe. Pero diez años después de su desmovilización parcial, los ‘paras’, ahora con otros nombres, siguen difundiendo el terror. VerdadAbierta.com analiza un informe que la Defensoría del Pueblo no ha divulgado, en el cual demuestra que el ataque a líderes es sistemático, están en riesgo 310 organizaciones y los perpetradores defienden ordenamientos sociales, políticos y económicos impuestos por la fuerza.

Las discrepancias entre la mirada oficial sobre víctimas recientes y el origen de los crímenes y la que ofrece el seguimiento riguroso del tema revelan incapacidad del Estado para hacerle frente a la actual disputa por el control territorial y las rentas ilícitas, para proteger a poblaciones, líderes y defensores que las padecen, y para lograr un legítimo monopolio estatal de la fuerza. Defender esas vidas en riesgo es una obligación ineludible del Estado que la sociedad debe presionar. No hacerlo bordea la complicidad.

SOCORRO RAMÍREZ

Columnistas

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