Avances y riesgos de la paz

Avances y riesgos de la paz

Preocupa la precariedad del Estado. Existen riesgos de que la paz no sea sólida.

08 de abril 2017 , 12:00 a.m.

La complejidad de la implementación del acuerdo con las Farc la acaba de mostrar el tercer encuentro de párrocos, religiosas y agentes de pastoral social que actúan en zonas veredales transitorias de normalización (ZVTN) y sus alrededores. De su intercambio de experiencias y su diálogo con víctimas, comunidades, voceros de las Farc y el Gobierno, se deduce que, en medio de dificultades y demoras, las dos partes están dando pasos decisivos hacia la terminación del conflicto armado. Pero existen riesgos de que la paz no sea sólida.

Las Farc cesaron el fuego y renunciaron a su movilidad al concentrarse en las ZVTN, donde actúan autoridades civiles, policiales y militares, y la Misión de Verificación de Naciones Unidas. Pusieron fin a su clandestinidad al entregar la identificación de 6.804 guerrilleros con nombres, alias y cédulas, y comenzar a dar la de sus milicianos. Avanzan en la entrega de armas a la ONU y en la desvinculación de menores. Mientras firman actas de compromiso, muchos esperan amnistía por delitos de rebelión y conexos, y los responsables de crímenes atroces se disponen a responder en la Jurisdicción Especial para la Paz. No faltan algunas disidencias y deserciones.

Muchas víctimas se sienten de nuevo victimizadas, invisibilizadas y no incluidas en la implementación.

Entre los miembros de las Farc hay preocupación por los asesinatos de líderes sociales y porque algunos aspirantes al poder se nieguen a aplicar lo acordado. Los atrasos logísticos y la falta de preparación para su futuro los llevan a preguntarse si el Estado les cumplirá. Algunas organizaciones locales les cuestionan intentos de control y les exigen abandonar su prepotencia, aprender a respetar la autonomía de las comunidades y relacionarse con interlocutores que consideraban enemigos. Papel clave han cumplido los agentes de reconciliación y paz, que los ayudan a reencontrar sus familias y a procesar duelos, miedos y estigmas para darle una nueva orientación a su vida.

La Fuerza Pública acompaña el proceso. Cortes y Congreso han ido construyendo el sustento jurídico de la implementación en medio de presiones electorales, polarización y escándalos de corrupción. El Gobierno se esfuerza por llegar adonde se concentró la confrontación. Inició ya el plan de sustitución de cultivos de uso ilícito y otro más en 56 municipios: 26 donde están las Farc y otros 30 en los que hay más coca sembrada. Adelanta 700 proyectos de vías terciarias, servicios básicos, instituciones de justicia y agricultura. Prepara el plan marco socioeconómico y territorial a 15 años y en 100 municipios.

No obstante esos esfuerzos, preocupa la precariedad del Estado. Urge que Gobierno central, gobernadores y alcaldes –que no están asumiendo su responsabilidad con la paz– comiencen a transformar su relación con la periferia, reducida a presencia militar y clientelismo electoral. Deben dar garantías de seguridad y reinserción integral a los que dejan la guerra y construir Estado a partir de realidades locales y de procesos participativos que les permitan a las comunidades ejercer su protagonismo. De lo contrario, proyectos de una tecnocracia sin articulación local no ayudarán a superar la precariedad institucional, pública y societal, a lograr un desarrollo sustentable con enfoque territorial, étnico y de género, o a liberar esas regiones de economías ilegales y redes criminales.

Muchas víctimas se sienten de nuevo victimizadas, invisibilizadas y no incluidas en la implementación. No reciben respuesta a iniciativas como las de participar en la búsqueda de desaparecidos o de minas antipersonas. No se sienten oídas sobre lo que consideran esencial en su reparación, y se preguntan si estar en el centro del proceso se reduce a aparecer en la foto. Urge construir paz con las comunidades, las víctimas y los excombatientes.

SOCORRO RAMÍREZ

Columnistas

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