Angustia y esperanza insular

Angustia y esperanza insular

El asunto implica un esfuerzo sistemático del Estado y la sociedad colombiana del interior y de las islas para asumir el archipiélago como un territorio especial y vulnerable.

18 de noviembre 2016 , 06:56 p.m.

En medio de la incertidumbre con la elección de Trump y de la celebración del nuevo acuerdo con las Farc, poco debate nacional ha habido sobre otros asuntos llenos también de angustias y esperanzas.

Asociaciones raizales pidieron al Gobierno sustentar en las islas la defensa ante las demandas de Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), garantizar su participación y revisar la posición de no comparecer ante la CIJ. El 17 de noviembre, Colombia respondió los argumentos de Nicaragua sobre supuestas violaciones de sus derechos y espacios marítimos posfallo del 2012. Por su parte, la CIJ amplió hasta el 28 de septiembre del 2017 su plazo para responder la otra demanda, la de extender la plataforma continental más allá de las 200 millas.

No volver a la CIJ fue una decisión presionada por la polarización nacional, que impide examinar errores cometidos por varios gobiernos ante la demanda de Nicaragua en el 2001, como los de no vincular a la comunidad insular ni mostrar cómo esta depende de su relación con el mar y con el Caribe occidental, cómo la comunidad ayuda a ejercer soberanía nacional, a establecer cooperación fronteriza y a cumplir responsabilidades de protección con la reserva Seaflower. Ir a la CIJ con los isleños ayuda a defender sus derechos y concretar soluciones, tanto para la fragmentación del archipiélago generada por el fallo como para los efectos que, en la reserva de biosfera, produce el extractivismo y puede agravar el canal interoceánico promovido por Daniel Ortega.

Luego de que la CIJ les diera curso a las dos nuevas demandas de Nicaragua, el gobierno de Santos conformó un grupo de consulta con seis profesionales raizales y un isleño en La Haya. Everth Hawkins, como vocero del grupo, le dijo a El Isleño: “Por primera vez el pueblo raizal está siendo escuchado; nuestra voz está siendo tenida en cuenta, al igual que nuestras propuestas”, y agregó que vienen trabajando en una sinergia positiva con los coagentes y demás miembros de la defensa de Colombia para preparar las contramemorias. Gesto esperanzador de diálogo, al que deberían sumarse acciones frente a asuntos como la sobrepoblación.

Pidiendo soluciones a esa otra angustia insular, los raizales y residentes legalmente establecidos se movilizan en las islas este 19 de noviembre, cuarto aniversario del fallo. El asunto va más allá de un nuevo censo poblacional y una medición de la sobrecarga ambiental. Implica un esfuerzo sistemático del Estado y la sociedad colombiana del interior y de las islas para asumir al archipiélago como un territorio especial y vulnerable. Cada vez llegan más turistas, muchos muy depredadores, mientras crecen problemas de agua, alcantarillado, basuras, energía o salud y se deteriora la convivencia insular. Había rumores –ya desmentidos– sobre el traslado a las islas de víctimas del conflicto armado y exguerrilleros. En cambio, la decisión del Inpec de enfrentar el hacinamiento en la prisión New Hope trasladando a raizales a cárceles del interior del país genera indignación al alejarlos de sus familias.

Esperanzadoras resultan las iniciativas en torno a la defensa del patrimonio marino y la cultural raizal, como el Green Moon Festival y el Plan Especial de Salvaguardia o el proyecto de cultura ciudadana Livin Tugeda (Viviendo Juntos), que trabajó sobre violencia interpersonal e intrafamiliar, las cuales le dan a San Andrés la segunda tasa nacional más alta en los 10 últimos años; el proyecto abordará factores de riesgo de la juventud como los accidentes de motos, y podría ayudar a atender la vinculación de isleños en el transporte de drogas ilícitas, que ha llevado a muchos a cárceles en Estados Unidos mientras las islas quedan presas del narcotráfico.


Socorro Ramírez

Columnistas

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