Corrupción de mayores

Corrupción de mayores

El número de mandatarios sometidos a procesos por corrupción es más que asombroso en América Latina.

09 de agosto 2017 , 12:00 a.m.

Guardo la imagen del presidente Ricardo Martinelli en la ceremonia de inauguración del Congreso Internacional de la Lengua en el 2013, pero inevitablemente debo superponer otra, la del mismo personaje, entonces vestido de traje oscuro, como correspondía a la solemnidad del momento, ahora de uniforme de presidiario color naranja, esposado de manos y con grilletes en los pies, mientras asiste en Florida a la audiencia del tribunal que deberá decidir acerca de su extradición a Panamá.

Llegó a la presidencia bajo el aura equívoca de que siendo tan rico no necesitaba más, un argumento al que los electores se mostraron sensibles. Hoy enfrenta el cargo de haberse apropiado de 13 millones de dólares, destinados a programas sociales, para adquirir un sofisticado sistema electrónico con el objetivo de espiar a rivales empresariales y enemigos políticos, y filtrar videos donde algunos de ellos aparecen en comprometidas situaciones sexuales.

El número de mandatarios legítimamente electos sometidos a procesos por corrupción es más que asombroso en América Latina: el presidente de Guatemala Otto Pérez Molina, militar de derecha, separado de su cargo y llevado a la cárcel junto con su vicepresidenta; el expresidente Mauricio Funes, el primer candidato de izquierda en ser electo en El Salvador, prófugo ahora en Nicaragua, se suma a dos antecesores suyos, ambos de la derecha, sometidos también a juicio. Las distinciones ideológicas no valen.

La triste contabilidad sigue en Perú, donde el expresidente Ollanta Humala comparte ahora la misma cárcel de alta seguridad con el dictador Alberto Fujimori, mientras el expresidente Alejandro Toledo se haya fugitivo. Y Brasil, donde el carismático Lula da Silva ha sido condenado por un juez de primera instancia a diez años de prisión.

Marcelo Odebrecht diseñó un sistema sin grandes complicaciones: inflar los precios de las ofertas, y del sobreprecio repartir las coimas que ascienden a centenares de millones de dólares

No pocos de estos casos caen dentro de la extensa red tejida por Odebrecht, la empresa trasnacional brasileña que pasará a la historia como la gran corruptora de mayores de que se tenga memoria. Una red de contubernios en la que, además de presidentes, figuran vicepresidentes, ministros y diputados, favorecidos todos con réditos fraudulentos de contratos para construir carreteras y otras obras civiles.

Marcelo Odebrecht, cabeza de la compañía, diseñó un sistema que no requiere de grandes complicaciones financieras: inflar los precios de las ofertas, y del sobreprecio repartir las coimas que ascienden a centenares de millones de dólares.

La visión más pesimista nos lleva a pensar que la corrupción es una vestidura purulenta que la democracia no puede quitarse de encima. Que la seducción por el dinero fácil es un signo de los tiempos que alienta el narcotráfico, el tráfico de inmigrantes y la prostitución infantil transnacional, lo mismo que el robo a gran escala en las esferas gubernamentales. Tentáculos todos del crimen organizado.

Que esta pasión por el enriquecimiento ilícito acompaña a los políticos al entrar en los palacios presidenciales, en los despachos ministeriales y en los parlamentos, ya inscrita en su código de conducta la ambición de hacerse millonarios, o aún más millonarios, a costillas de quienes terminan cargando con sus desmanes y delirios: los que pagan cumplidamente sus impuestos.

Desmanes y delirios. Mansiones amuralladas, casas en las playas de Florida, apartamentos en París o en Nueva York, tarjetas de crédito como pozos sin fondo, aviones privados, coches de colección. En esto se distinguen poco de los narcotraficantes. Lo que no cuesta, hay que enseñarlo.

Pero si buscamos una visión optimista, empecemos porque la corrupción no ha podido someter del todo a los tribunales, ni a los fiscales. La independencia judicial aún respira, aunque en algunos casos de manera asistida, como en Guatemala, donde la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig), que depende de las Naciones Unidas, tiene autonomía para perseguir delitos cometidos por funcionarios del Estado.

Marcelo Odebrecht llegó a un trato con la justicia brasileña. Tras un acto de contrición, pues pidió perdón públicamente con golpes de pecho, como el publicano de la parábola, pagó 3.500 millones de dólares en multas, tanto a su propio gobierno como a los de Estados Unidos y Suiza. A cambio, su compañía puede seguir operando, y participar en licitaciones de obras públicas.

O sea, que el tiburón sigue nadando.

SERGIO RAMÍREZ
- www.sergioramirez.com

Columnistas

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