¡Treinta millones!

¡Treinta millones!

A ese salario están atados los ingresos de miles de altos funcionarios del Estado.

27 de junio 2017 , 12:07 a.m.

Es imposible no recordar las palabras proféticas del por entonces presidente del Senado Fabio Valencia Cossio cuando, en 1998, expresó: “O cambiamos o nos cambian”. En diciembre de ese mismo año, Venezuela cambió a los políticos tradicionales por un paracaidista y hoy, a pesar de ver los resultados, estamos tomando el mismo rumbo al abismo.

Parece que nuestros legisladores no se dieran cuenta de la indignación que causan los desafueros del Congreso de la República. Otra vez se trató de meter en cintura a los ausentistas y no se pudo, no hubo ‘quorum’. Otra vez se intentó bajar el sueldo de los padres (y las madres) de la patria y tampoco se pudo. Lo peor de todo es que, por efecto del aumento de sueldo del 6,75 por ciento, concedido por el Gobierno a los empleados públicos, el estipendio de los congresistas ahora raya los 30 millones mensuales, con retroactividad al primero de enero.

Para ser exactos, la dieta de los parlamentarios pasaría de 27’929.064 pesos a 29’814.275, lo que representa un misérrimo incremento de 1’885.211 pesitos por mes, algo así como dos veces y media el salario mínimo vigente (737.717 pesos). La ‘buena’ nueva es que los honorarios de los honorables ya no equivaldrían a 40,5 salarios mínimos sino a 40,4, lo que constituye un ‘enorme’ salto en materia de equidad.

Pero, en el fondo, el problema de estos salarios no es el monto en sí, sino el desprestigio de una institución de la que brotan escándalos y malas noticias casi a diario. Hace unos días leímos indignados que un tal Fernando Rueda Franco, un suplente que tuvo una palomita de 49 días como senador en 1994, ha venido recibiendo de manera irregular una pensión de congresista de 18 millones mensuales. El Consejo de Estado le puso tatequieto y le redujo la mesada a 6 millones –aunque ni un millón se justifica por 49 días–, pero no le ordena devolver más de 1.000 millones que recibió sin tener derecho.

Y qué tal lo de Samuel Moreno Díaz, un caco pidiendo pensión de congresista sin ni siquiera haber cumplido los 62 años que manda la ley. Lo malo es que cumple los demás requisitos, y cuando llegue a esa edad tocará pagarle la jugosa asignación de retiro a cargo del golpeado bolsillo de los colombianos.

Además, tampoco faltan los crímenes. El Consejo de Estado le quitó la investidura al representante por Guainía Édgar Cipriano, quien cobraba entre 20 y 30 millones de pesos por altos cargos como la dirección regional del Sena y algunos consulados. Incluso, uno de los testigos fue asesinado.

Claro que nada de esto sería tan aberrante si esa institución se caracterizara por la calidad de las leyes y el rigor del control político que ejerce. Sin embargo, un estudio de la Universidad de La Sabana estableció que el 30 por ciento de las leyes tramitadas cada año son inútiles, pura basura, como las llamadas leyes de honores, de las que se han aprobado un centenar en los últimos seis años, obligando a la nación a gastar cifras millonarias en publicaciones y monumentos.

Este gobierno manirroto no tiene para los profesores, para la rebaja en salud del 12 al 4 por ciento de los pensionados, para la disminución de semanas de pensión para las mujeres, para el tamizaje neonatal o para incorporar los tratamientos de fertilización en el POS. Pero para los congresistas siempre hay plata, como en octubre de 2013, cuando Santos les dio una prima especial de 8 millones mensuales para suplir las primas de salud y localización que el Consejo de Estado les había quitado.

Y a ese salario están atados los ingresos de miles de altos funcionarios del Estado en esas instituciones, a las que no se llega por méritos sino por apellido y favores. Así no hay quién le ponga el cascabel al gato.

SAÚL HERNÁNDEZ BOLÍVAR

Columnistas

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