Posconflicto: patria por alcanzar

Posconflicto: patria por alcanzar

No es solo el fin del conflicto, también es la posibilidad de imaginarnos un mejor país.

24 de junio 2017 , 12:00 a.m.

Casa Verde, 17 de junio de 1986. Dos meses antes de finalizar el gobierno de Belisario Betancur, ‘Manuel Marulanda’, entrevistado por Antonio Caballero, opinaba sobre cómo el gobierno siguiente –el de Virgilio Barco– debía continuar el proceso de paz. Se debatía en ese momento la entrega de armas: las Farc hablaban de “desmovilización paulatina” para significar que esta se efectuaría en la medida en que se dieran los cambios consagrados en los acuerdos de la Uribe.

“Con un ultimátum no vamos a resolver nada”, decía ‘Marulanda’; y agregaba: “Las guerrillas no van a desmovilizarse sino a medida que se vayan dando los otros cambios que están en los acuerdos, por eso decimos que eso es paulatino. ¿No ve que tiene que venir todo escalonadito? Esas cosas no se pueden dar rápido y no se pueden dar por decreto, sino que hay que tratarlas con política para ventilar todos los aspectos de carácter económico y social”.

En aquel entonces no se hablaba de posconflicto, sino de apertura democrática. El fin del conflicto armado estaba ligado a la democratización del régimen político: fin del Frente Nacional; esquema gobierno-oposición; elección popular de alcaldes; nacimiento y consolidación de la Unión Patriótica, la cual, para la fecha de la entrevista, un año después de su creación en 1985, había perdido más de 400 miembros en manos de grupos paramilitares.

¿Es posible que la paz y el posconflicto no sean banderas en las próximas campañas electorales? Claro que no.

Treinta y un años después, las Farc están en vísperas de completar la entrega de sus armas y esperan que el Gobierno cumpla con los compromisos derivados de los acuerdos de La Habana. Y está claro que además de la transformación de las Farc en un partido político y su participación en la contienda electoral, hay una serie de obligaciones económicas y sociales que deben ser atendidas y que nos llevarán a esa fase que el Gobierno llama ‘posconflicto’ y que otros prefieren denominar ‘posacuerdo’.

El Acuerdo Final no menciona ‘posconflicto’, pero sí ‘terminación del conflicto’ y concibe este escenario como un proceso. Es decir, para que el “silencio de los fusiles” sea una realidad, se necesitan una serie de garantías para las Farc: la de su participación en política, la de poder acceder a la tierra y tener con qué subsistir.

Es de conocimiento general que en la implementación del acuerdo ha habido retrasos. La nueva hoja de ruta, dada a conocer el pasado 29 de mayo, menciona los compromisos más apremiantes además del relacionado con la entrega de armas: en materia de reincorporación, a partir del 1.° de agosto, las zonas veredales se convertirán en espacios territoriales de capacitación y reincorporación; el modelo de reincorporación será comunitario y responderá a los intereses de las Farc, tal como quedó establecido en el decreto que modificó la estructura de la ACR (Agencia Colombiana para la Reintegración). En relación con su seguridad jurídica, se asegurará la aplicación de la amnistía. En lo relativo a su seguridad física, se crearán las instancias de protección y seguridad contempladas en el acuerdo. En términos de seguridad socioeconómica, los próximos 60 días serán decisivos, pues se trata de darle vida y sustento a la organización de economía social y solidaria denominada Economías Sociales del Común (Ecomún), la cual, de la mano del futuro partido político, es la principal apuesta de las Farc en su proceso de reincorporación.

Sin embargo, el posconflicto abarca mucho más. No solo es una etapa que pone fin al conflicto garantizando que este no se repetirá, sino que es también la posibilidad de imaginarnos un país mejor. Y es que del Acuerdo Final se desprende toda una plataforma de posibilidades: el tema de género para abrirle espacios de igualdad de derechos y de trato a la mujer; de protección de los niños y niñas, y de compatriotas vulnerables por su condición de limitación física o mental; de igualdad social y de oportunidades para el otro (afrodescendientes, indígenas, campesinos y campesinas).

Políticas de integración de vastas zonas territoriales al Estado nacional; de reconocimiento de los derechos de la naturaleza, porque los derechos de las futuras generaciones no pueden garantizarse sin una política ambiental que los sustente; cero cultivos de uso ilícito; el derecho inalienable a vivir dignamente y con los ingresos necesarios para hacer realidad la pretensión de aspirar y optar; el derecho a tener próxima y pronta salud y recreación real; el derecho a ser respetado y a no ser objeto de manipulación ni víctima de la mentira; el derecho a la información veraz y a estar comunicado; el derecho a gozar del crecimiento económico y a ser beneficiario de la ventajas de la modernidad; a tener un techo, educación secundaria y profesional gratuita, a vivir en una sociedad sin corrupción. Ahondar en el preámbulo del acuerdo: cultivar la tolerancia como deber moral, promover la libertad de pensamiento y de conciencia, rechazar el dogmatismo.

En ese sentido, ¿es posible que la paz y el posconflicto no sean banderas en las próximas campañas electorales? Claro que no. Las próximas plataformas políticas no solo deberán garantizar el fin del conflicto y su no repetición, sino que deberán proponer caminos diferentes a los que Colombia ha transitado hasta ahora.

SARA TUFANO

Columnistas

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