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La JEP: ¿una piñata de impunidad?

A las víctimas no las mueve la venganza, pero sí el deseo de saber qué sucedió y por qué sucedió.

Sara Tufano
Escribí mi anterior columna sobre el populismo punitivo de los candidatos del Centro Democrático (CD). Por algunos comentarios que recibí, noté que algunos pensaron que era un término que yo había tenido la fortuna de crear. Pues no, es un modelo de control social que manipula el miedo de los ciudadanos frente al delito, sobre todo si se trata de buscar réditos políticos. Por ejemplo, la cadena perpetua por delitos sexuales cometidos contra menores de edad o el aumento de las penas para quienes cometan el delito de feminicidio no solucionan el problema de la violencia contra los niños y las mujeres. Esta, en un país como el nuestro, antes de ser un problema criminal, es un problema cultural (patriarcado y machismo). Y así acontece con problemas de nuestra sociedad cuando son abordados exclusivamente desde el punto de vista de la justicia penal tradicional.
Puesto que es una estrategia que da muy buenos resultados políticos, está en la raíz del tan difundido estribillo de la oposición que reza que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es sinónimo de impunidad: una “piñata de impunidad”, un “pacto de impunidad”, un “premio a la impunidad”, un “monumento a la impunidad”, entre otros.
¿Qué es impunidad? Impunidad viene del latín ‘impunitas’: no punir, es la falta de castigo ante un delito. En este caso, es pensar que si los excombatientes de las Farc no van a la cárcel, el delito que cometieron no se sancionaría y, por lo tanto, habría impunidad. ¿Qué hay detrás de este razonamiento? Primero que todo, un grandísimo deseo de venganza. Y segundo, un profundo desconocimiento de los últimos avances en materia penal.
Quienes critican a la JEP lo hacen con una visión de justicia retributiva y omitiendo los avances teóricos y prácticos en materia de la pena y de la misma justicia. De ninguna otra forma se explica que se quiera insistir en la sanción retributiva, desconociendo que esta no ha sido eficaz ‒se ha comprobado que el encierro y el castigo no han contribuido a bajar los altos índices de criminalidad‒, y que la justicia restaurativa puede ser mucho más beneficiosa, particularmente para las víctimas. Algunos incluso han mostrado cómo la justicia retributiva, valorizada por el sistema de derecho penal, termina siendo un obstáculo cognitivo para la innovación de las estructuras de este derecho, puesto que no apoya sanciones diferentes a las que solo buscan el sufrimiento del culpable y la aplicación de la ley del talión.
La justicia restaurativa, entonces, es otra forma de ver la pena que, a diferencia de la retributiva, supera la vieja visión del castigo. Es un modelo alternativo de administración de los conflictos cuyo objetivo es reparar los daños y relaciones afectadas por un conflicto concreto. Las víctimas están en el centro y las motiva el restablecimiento de sus derechos fundamentales y su reparación, no la ira o una sed de venganza como si estuviéramos en un antiguo circo romano. No olvidemos que algunos de los municipios más afectados por el conflicto armado votaron por el ‘Sí’ en el plebiscito: Bojayá, Caloto, Cajibío, Tumaco, Apartadó, San Vicente del Caguán y algunos otros más. La venganza la exige un sector privilegiado de la población colombiana que no se ha visto afectado por el conflicto y a quienes la paz poco importa, pues “harían trizas” el acuerdo sin pensarlo dos veces. A las víctimas no las mueve la venganza, pero sí el deseo de saber qué sucedió y por qué sucedió: la verdad. Esa verdad a la que muchos le temen.
Eugenio Raúl Zaffaroni, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha dicho que una de las grandes dificultades que tiene la doctrina jurídico-penal es que bebe de una estructura de pensamiento de más de 400 años de antigüedad. A esas épocas se remonta más o menos la estructura fundamental de la teoría retribucionista de la pena. Y mucho más antiguas son las que él denomina ‘emergencias’: significando que cada época inventa peligros inexistentes o magnifica los existentes, como ocurrió con las brujas en su momento, los herejes, los aristócratas, los jacobinos, los anarquistas, los bandoleros, los comunistas, entre otros; y ahora, los castrochavistas.
Sin embargo, cambia la época y la ‘emergencia’ anterior deja de ser un peligro, como comienza a ocurrir hoy en Colombia: estamos dejando de pensar que todos los que critican al Estado son unos terroristas peligrosos.
Es debido a estas estructuras de pensamiento tan atávicas y arraigadas que la justicia restaurativa todavía no se ha convertido en un modelo de justicia hegemónico y mucho menos es ampliamente enseñada en las facultades de Derecho de las universidades colombianas. De ahí la dificultad en entender la JEP y en tener unas herramientas adecuadas para responder a las críticas que le llueven todos los días.
En especial la oposición, siendo tan retrógrada, no dispone del bagaje teórico y moral para hacer frente a la nueva realidad que estamos viviendo. De seguir sus propuestas, corremos el riesgo de retroceder hasta la Edad Media, hasta la época de los glosadores, quienes se limitaban a glosar el 'Digesto' de Justiniano, haciendo un trabajo parecido al de los teólogos con las sagradas escrituras.
SARA TUFANO
Sara Tufano
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