La JEP no es el problema

La JEP no es el problema

El problema para la oposición entonces no es la JEP, sino el fracaso de su delirante tesis.

15 de noviembre 2017 , 12:00 a.m.

No deja de asombrar el pavor que le tienen algunos a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Es una concesión a la Farc, dicen algunos. Es una imposición de la Farc para juzgar a Álvaro Uribe, dicen otros. Con tanta oposición, empieza uno a entender por qué hubo conflicto armado en Colombia.

Toda esta oposición explica, además, varias cosas: por qué el proceso de negociación de paz de La Habana acabó siendo uno de los más cortos en el mundo. Algunos procesos han durado más de 10 años, pero aquí la oposición no dejó de presionar para que la negociación llegase a su fin lo más rápido posible. Por qué el Gobierno terminó por aceptar el referendo –eso, a pesar de que un acuerdo de paz no lo requiere–; el que se haya realizado un acto simbólico para la entrega de armas de las Farc –en otras experiencias, como en Irlanda del Norte, el desarme se manejó con estricta confidencialidad y sin ceremonia alguna–; y explica, por supuesto, el sabotaje a la JEP en el Congreso. Ahora se debate si los exguerrilleros pueden participar en política. Resulta que algunos se escandalizan de que la Farc haya revelado los nombres de sus candidatos al Congreso. Ahora pregunto: ¿será la JEP realmente el problema?

En El Salvador, el Acuerdo de Paz de Chapultepec estableció una amnistía general para los miembros del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln). Hoy, esta es una de las fuerzas políticas más importantes de ese país. En Guatemala sucedió algo similar: amnistía general para los miembros de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (Urng). Y de igual manera, en Irlanda del Norte hubo amnistía para el Ejército Republicano Irlandés (Ira). Estos tres son solamente algunos casos; en todos ellos hubo indulto y amnistía.

Si la tesis de la amenaza terrorista pasó a la historia y ya la responsabilidad no puede ser atribuida a un solo actor, entonces ¿quiénes son los responsables?

La participación política no es un problema jurídico, es algo absolutamente político, y si consideramos otros procesos de paz en el mundo, vemos que todas las guerrillas han pasado de la guerra a la arena política. La cuestión de fondo es otra: la JEP hunde para siempre la tesis de la “amenaza terrorista” propagada durante el gobierno de Álvaro Uribe, así este siga difundiéndola y siga llamando “narcoterroristas” a los miembros de la Farc. Ahora, si la tesis de la amenaza terrorista pasó a la historia y ya la responsabilidad no puede ser atribuida a un solo actor, entonces ¿quiénes son los responsables?

En Colombia se creó un complejo sistema de justicia porque se partió del reconocimiento del conflicto armado y de sus múltiples responsables así estos todavía no tengan nombre propio. Ahora bien, sabemos que generalmente en un conflicto armado interno quienes más sufren son los civiles. En el caso colombiano, si tomamos la cifra del informe ¡Basta Ya!, vemos que entre 1958 y 2012 hubo aproximadamente 220.000 homicidios políticos. Esa cifra ha sido ampliamente divulgada en medios de comunicación e informes y ha sido y sigue siendo objeto de debate, pues algunos especialistas consideran necesario tomar una fecha anterior a 1958 como origen de nuestro conflicto. Esto aumentaría considerablemente el número de muertos. Ahora, si tomamos como cierta esa cifra, el 81 % de los muertos habrían sido civiles y solo el 19 % combatientes. ¿Y cómo murieron? La mayoría de los asesinatos selectivos, las masacres, los casos de tortura y sevicia, las desapariciones forzadas, los desplazamientos forzados masivos, entre otras atrocidades, habrían sido cometidas por los paramilitares. Es lo que demuestran esas cifras. ¿Significa esto que las guerrillas no son las responsables de muchas de las acciones bélicas en el marco del conflicto? Claro que no, lo que significa es que no son las únicas responsables.

Y si la mayoría de los crímenes del conflicto fueron ejecutados por paramilitares que, como ya ha sido evidenciado, en algunos casos actuaron en connivencia con la Fuerza Pública y con los hoy denominados “terceros”, es claro que el sistema de justicia no puede ser únicamente para la Farc.

El acusar a la Farc de todos los horrores del conflicto sería seguir ocultando lo que sucedió en Colombia. La oposición sin duda es selectiva, pues no está considerando la totalidad de los muertos de este conflicto. Su principal preocupación no es que la JEP investigue y sancione las graves violaciones de los derechos humanos. No es eso lo que la trasnocha. Su interés es que se castigue exclusivamente a la Farc con la máxima sanción penal posible y advertirles, además, que no son ni nunca serán bienvenidas a la vida civil: “Los electores colombianos olvidan, pero no tan fácil”, escribía Mauricio Vargas en una de sus recientes columnas.

El problema para la oposición entonces no es el Acuerdo de La Habana, no es la JEP, no es la impunidad, no es la participación política de la Farc, sino el fracaso y el entierro de la delirante tesis de la “amenaza terrorista”. Esta quedará en los libros de historia solamente para no olvidar la lectura tan equivocada que alguna vez tuvimos de nuestra realidad.

SARA TUFANO

Columnistas

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