Garantías de no repetición en reincorporación de las Farc

Garantías de no repetición en reincorporación de las Farc

Al tiempo que se crea un paradigma en la materia, se vincularía la agenda ambiental de los acuerdos.

06 de abril 2017 , 12:45 p.m.

Desde los años 80 se han sucedido más de 60 programas de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) en 40 países del mundo. Estos programas contienen un conjunto de medidas para “reintegrar” a la vida civil a excombatientes de grupos armados. A partir de la creación, por parte de las Naciones Unidas, de unas normas que recogen la experiencia adquirida en estos procesos, surgió una preocupación más general por la implementación de otras medidas.

Unas de corto plazo, para evitar el surgimiento de nuevas olas de violencia, y otras de largo plazo, ligadas a la creación de condiciones socio-económicas para llevar a cabo una efectiva reincorporación. Así, los llamados procesos de DDR han comenzado a hacer parte de una política más amplia denominada construcción de paz (peacebuilding), en la cual la construcción y expansión del Estado y de la democracia acompañan determinadas agendas de desarrollo y de reformas a los sectores de seguridad y de justicia.

En el caso colombiano, encontramos balances muy completos sobre las experiencias de DDR de las últimas décadas. Después de los intentos de negociación y acuerdos de paz de los años 80 y 90, se expidió el Decreto 1385 de 1994, por lo que la estrategia del Estado fue la de mantener la ofensiva militar contra las guerrillas que continuaron el alzamiento armado, y estimular las deserciones y desmovilizaciones individuales.

Esta forma de reincorporación de excombatientes a la vida civil –por fuera de un acuerdo de paz– se mantuvo durante los gobiernos de Ernesto Samper, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, este último, mediante el Decreto 128 del 2003 la extendió a los paramilitares, convirtiéndose así en un elemento central de su política de Seguridad Democrática.

Además de esta estrategia, en el 2002, el gobierno de Álvaro Uribe inició una negociación con las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Es claro que desde el punto de vista político, los grupos paramilitares no podrían ser equiparados con los grupos guerrilleros, sin embargo, en el imaginario de muchos colombianos, se ha consolidado la idea de que ambos procesos deberían seguir un camino semejante.

La organización de economía social y solidaria que crearán las Farc –identificada como Economías Sociales del Común (Ecomún)– podría ser un motor de desarrollo regional de gran trascendencia.

Si desde un punto de vista político es muy difícil comparar ambos procesos, desde el punto de vista técnico de la reincorporación, en el proceso con las Auc se han reconocido enormes fallas en su práctica. Y es que la desmovilización de los paramilitares se redujo simplemente a eso: a una desmovilización.

El proceso no generó dinámicas de integración o de reconciliación con las comunidades o con las víctimas. Los auxilios de carácter asistencial –salario y capacitación en oficios básicos– no fueron suficientes para impedir que muchos de los desmovilizados engrosaran las cifras de desempleados y de trabajadores informales. Eso contribuyó al alto nivel de reincidencia delincuencial y de rearme entre los desmovilizados que hoy se reagrupan en las llamadas ‘organizaciones criminales sucesoras del paramilitarismo’, un hecho que, sabemos, ha tenido graves consecuencias. En síntesis: no hubo garantías de no repetición.

Dicho escenario debería servir para que el gobierno y las Farc, en el seno del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) –la organización creada en el Acuerdo de Paz para dicho propósito–, diseñen una política de reincorporación que garantice la no repetición. Puesto que no se trata de un proceso de DDR convencional, el modelo de reincorporación de las Farc –colectivo y rural– puede constituirse en un nuevo paradigma en dicha materia. Además de la reincorporación de los excombatientes, sería un proceso de integración de los territorios y de sus comunidades a la Nación. Algunas de las zonas veredales podrían transformarse en polos de desarrollo económico regional a través de la construcción de ciudadelas sostenibles.

Esta iniciativa cumpliría con varios propósitos: frenaría el desplazamiento hacia las grandes ciudades; la planeación tendría en cuenta las dinámicas territoriales; favorecería la circulación de actores nacionales e internacionales incentivando el ecoturismo y el servicio socioambiental; contribuiría a garantizar las condiciones de seguridad en los territorios; la innovación agrícola, técnica y social sería desarrollada en y con las mismas comunidades.

La organización de economía social y solidaria que crearán las Farc –identificada en el Acuerdo de Paz con el nombre de Economías Sociales del Común (Ecomún)– podría ser un motor de desarrollo regional de gran trascendencia si, bajo los principios del buen vivir, la soberanía alimentaria, el trabajo decente y el comercio justo, pudiera constituir alianzas con organizaciones que en otras latitudes vienen creando alternativas económicas distintas que priorizan modelos agroecológicos y de consumo local. Al tiempo que crearía un nuevo paradigma en materia de reincorporación, permitiría vincular la agenda ambiental contenida en los acuerdos, agenda que muy pocos conocen o en la que muchos no creen.

SARA TUFANO
* Nacida en Italia. Socióloga de la Universidad de París 7, con una Maestría en Sociología de la Universidad de São Paulo. Se ha especializado en el estudio del conflicto armado colombiano y de los procesos de paz desde una perspectiva histórica.

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