Es un negocio tan rentable como la coca y sin el riesgo de caer cosidos a balazos. Además, están cobijados bajo el manto de la indiferencia general, puesto que el delito carece del morbo del narco o la 'parapolítica', y es árido para contarlo. Pero supone un desangre escandaloso del erario.

Abogados, pensionados y funcionarios corruptos llevan años manejando una tenebrosa red que año a año roba miles de millones inventándose pensiones sin que las autoridades puedan evitarlo.

Hay abogados como los hermanos Armando y Omar Cabrera Polanco de Neiva, uno encarcelado y el otro trabajando desde su casa gracias a jueces condescendientes con los bandidos de cuello blanco que les permiten la domiciliaria. Al no existir capacidad para vigilar ni a los que están en prisión y menos a los de sus casas, no sabemos si siguen detrás del atraco de las arcas públicas que las redes que montaron continúan realizando. (Lo mejor del caso es que no están detenidos por eso, sino por enriquecimiento ilícito ya que les encontraron 12.000 millones en efectivo en caletas y no pudieron justificarlo, aunque era evidente que lo habían sacado de pensiones fraudulentas).

Otros litigantes que aparecen relacionados con ellos con demasiada frecuencia son Geiner Guilondo y Carlos Arturo Rocha.

¿Cómo trabajan los señores abogados y sus secuaces? Facilísimo. Hay organismos como Cajanal o Fopep que tienen una administración arcaica de sus pensionados. Hay funcionarios ladrones que convencen a jubilados de que les hicieron mal la liquidación, que les adeudan cantidades millonarias que pueden recuperar vía tutela, aun a sabiendas de que es mentira.

Unos pensionados son honestos y les creen de forma desprevenida, y otros son unos sinvergüenzas que saben que están participando del atraco. Y hay unos abogados como los Cabrera, dispuestos a hacer los trámites, es decir, presentar papeles falsos, reliquidaciones falsas, familiares falsos.

Con el poder del pensionado en su mano, los abogados tutelan y logran que los jueces fallen a su favor. Es más, ni siquiera necesitan que lo hagan. En un caso que se dio en el Juzgado 3º del circuito de Bogotá, el fallo era inexistente pero tan bien hecha la falsificación y tan escaso el celo profesional de la entidad pagadora, que les abonaron la abultada cifra que exigían.

Los maestros son sus mejores clientes por la cantidad de prebendas que les otorgan. Se acercan a un grupo grande de ellos -por ejemplo, hay una tutela que cobija a 170- y les dicen que hay derechos que no les reconocieron. Como suelen haber pasado varios años, las sumas son enormes por los intereses, ya que sólo dan la pelea por pensiones falsas de un mínimo de 50 millones y se les conocen algunas que rondan los 1.200 millones.

El acuerdo con el pensionado es que les entregue el 30 por ciento de las ganancias y los abogados reparten ese porcentaje como quieran entre los miembros de su entramado delincuencial.

En Bogotá y Chocó, sobre todo, hacen su agosto demandando a instituciones estatales y por alguna razón que desconozco, los jueces laborales tienen una tendencia casi enfermiza a darles la razón. El pago de las fraudulentas pensiones está garantizado porque los juzgados embargan las cuentas de la Salud y Educación, que siempre reciben fondos, y el departamento termina cancelando.

Esos abogados son tan insaciables, que no siempre se conforman con el 30 por ciento y si el pensionado es un poco ignorante, se quedan con casi todo.

También roban cuando hay una pensión a punto de salir y el funcionario corrupto les avisa. Los abogados localizan al beneficiario y le convencen de que les contrate para agilizarla. Harto de meses y años de papeleos, el incauto muerde el anzuelo, piensa que los necesita para no alargar más la espera y, ¡oh sorpresa!, la pensión sale y la tula de los Cabrera y sus secuaces engorda. Fin de la historia.

Salud Hernández-Mora