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Piratas del Caribe

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Salud Hernández-Mora

En el 2004 Drummond tenía una concesión de explotación a cielo abierto equivalente al área que ocupa Valledupar, y el gobierno anterior se la amplió a 30 kilómetros de largo por cuatro de ancho.

Yo pensé que solo arrasaban con la Naturaleza en tierra firme. Ahora veo que también actúan como piratas. El señor Garry Drummond y su empresa son una plaga que, al igual que pasó con el corsario Drake, siempre han contado con el favor de los gobiernos.

Lleva años embarcando su carbón en barcazas y no tenemos ni idea de la cantidad de veces que habrán arrojado al mar el mineral contaminante. Esta vez los pillaron porque un ambientalista hizo fotos. Pero habrá otras en que nadie vio el delito. El año pasado exportaron por ese sistema troglodita 17 millones de toneladas, una brutalidad si pensamos en las consecuencias para el mar y para las playas de Santa Marta, y qué decir para el Cesar.

Solo piensen que alcanzar esa cifra supone extraer 170 millones de toneladas de tierra, que llaman “estéril”, y que amontonan hasta crear montañas altísimas y áridas. Como es obvio, dejan cráteres abiertos del tamaño de estadios de fútbol de longitud y el equivalente a un edificio de 60 pisos de profundidad. Tendrían que rellenarlos cuando acaban la operación, pero solo lo hace cuando y como les da la gana.

Para que vean la magnitud del desastre ambiental, en el 2004 Drummond tenía una concesión de explotación a cielo abierto equivalente al área que ocupa Valledupar, y el gobierno anterior se la amplió a 30 kilómetros de largo por cuatro de ancho. Por fortuna no han podido acometer la segunda fase porque, por una vez, la autoridad medioambiental les exigió cumplir la ley, que ya es laxa, a rajatabla.

Ahora descubrimos que no contentos con lo que hacen en el Cesar, botan al mar incontables toneladas de carbón cuando tienen problemas con la carga, una prueba más de la manera de actuar de una empresa que desconoce lo que es respetar la Nación de donde obtiene ingentes beneficios. Y, también, del desprecio de los gobiernos por la preservación de la Naturaleza al permitir semejante sistema de carga.

Sería irrisorio que arreglen el delito con una mísera multa de tres mil millones de pesos. Echar cientos de toneladas al mar, en secreto y a sabiendas del mal que causaban, es una acción delincuencial que merece una demanda penal, además de limpiar los fondos marinos y pagar un programa de recuperación del área.

Y hablando de hechos oscuros, ¿hasta cuándo eludirán su responsabilidad los directivos de Drummond por sus nexos con las Auc? Esta semana condenaron a Jaime Blanco Maya por el homicidio de dos sindicalistas de la compañía en el 2001. En esta columna advertimos que estaba implicado cuando aún andaba libre.

Tanto él como Jairo de Jesús Charris –condenado por los mismos hechos– y otros paramilitares juran que quien era el jefe de seguridad de la multinacional, Jim Adkins, aprobó el crimen y que este le reportaba a su jefe, Garry Drummond, que también favorecía las relaciones estrechas con Auc. También señalan a Alfredo Araújo, alto cargo de la empresa, y al expresidente de la compañía, Augusto Jiménez.

Blanco Maya confesó que su empresa, contratista de la carbonera, sobrefacturaba para entregar a la banda criminal una cantidad mensual, método que estableció de acuerdo con Adkins. Y que cuando no era bastante, ese gringo traía de USA dinero en efectivo. No se trataba de una vacuna obligada, sino una entrega voluntaria con el fin de proteger las instalaciones, la vía férrea y deshacerse de algunos elementos molestos del sindicato.

Yo me creo esa versión, que me adelantó hace años Charris en entrevista en la cárcel, porque todo su relato lo ha ido probando la Justicia. Igual estoy de acuerdo en que Edgardo Maya, exprocurador y hermano de Blanco Maya, explique sus actuaciones.

Me dijeron que Drummond quería cambiar su rumbo y su imagen, pero sus actuaciones indican lo contrario.

Salud Hernández-Mora

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