Deberían estar pensando en mejorar la justicia y la administración pública, en hacer crecer más rápidamente la economía, en bajar radicalmente la pobreza, en mejorar la educación y la competitividad, pero a los políticos les interesa es cómo ganar adeptos, cómo hacerse reelegir y cómo sacarles el mayor provecho personal a sus posiciones. En esto último los acompañan los jueces.

El lastre que carga este país es una élite inescrupulosa, autoindulgente y depredadora, que está dispuesta a tomar cualquier atajo, a saltarse todo obstáculo y a modificar hasta la Constitución para preservar su poder y para facilitar sus excesos, que desde hace veinticinco años han sido llevados a cabo con el mayor descaro. Todo vale. Ni siquiera se cuidan de parecer honorables o de comportarse decorosamente. Y desde que se creó el partido de 'la U', ya parece que el único interés que prima es el de los políticos o el de sus patrocinadores.

Al ministro saliente de Justicia se le advirtió por todos los medios, incluso en este mismo espacio, que la reforma de la justicia iba por muy mal camino, que los parlamentarios iban a utilizarla para "blindarse y blindar a sus colegas o a sus cómplices de otras ramas del Gobierno contra la posibilidad de perder la investidura o de ser condenados...".

También se le había advertido al Gobierno que haber creado un manto jurídico para proteger a los congresistas que votaran proyectos en los que tienen conflictos de interés era una invitación o, peor aún, hasta una incitación al mal.

Lo que no se había previsto es que la desfachatez no tuviera límites, que el Gobierno perdiera voluntaria o involuntariamente el control y que los legisladores procedieran a aprobar fórmulas para paralizar la justicia, excarcelar a cuanto político o funcionario está condenado o a punto de serlo y despejar el camino para que puedan hacer de las suyas sin temor a la justicia.

Y los jueces de las altas cortes, que hasta hace muy poco parecían ser el dique de contención que impedía que se desbordaran los excesos de los políticos, se rindieron sin oponer mayor resistencia. Cambiaron el respeto que pudieron haber merecido por un plato de lentejas. Tan solo un magistrado ha renunciado por vergüenza a los beneficios que le hubiera concedido esta reforma.

Cuando muchos pensaban, dentro y fuera del país, que ahora sí podía Colombia dar el brinco y que la prosperidad estaba en la otra esquina, el Congreso arrastró consigo a las otras dos ramas del Gobierno por el piso y acabó de una vez con lo que no pasaba de ser un show de humo y espejos, que escondía otra realidad. Los parlamentarios cruzaron el umbral de tolerancia de la opinión pública, se pusieron la soga al cuello y estuvieron a punto de ahorcarse (y de ahorcarnos). Obligaron al Gobierno, supuestamente civilista y respetuoso de las instituciones y de las leyes, a deslindarse al final y a tomar decisiones temerarias, por no haber encontrado otra manera de evitar que la reforma entrara en vigencia.

Esta crítica situación en la que la clase política ha colocado a la nación, con la anuencia de la Rama Judicial y la colaboración del Gobierno, por acción o por omisión, nos deja con el convencimiento de que la forma vigente de hacer política y la clase política que domina no son compatibles con la estabilidad y el progreso social y económico.

Saliendo de esta coyuntura, hay que decidir si Colombia puede renunciar a sus oportunidades y resignarse a que los politiqueros frustren las posibilidades de progresar, o si se concibe otra manera de gobernar y de hacer política. Hay que soltar ese lastre para poder avanzar. Las encuestas de opinión indican que entre el 70 y el 80 por ciento de la ciudadanía acompañaría a quienes acometan esa tarea de deslastrar.