Oportunidades doradas

Oportunidades doradas

Hay un ambiente propicio para que esta administración ponga en marcha un programa urbano de paz. 

06 de agosto 2017 , 12:04 a.m.

El próximo 7 de agosto se inicia el año final de la segunda administración del presidente Santos, quien ya cuenta con el trascendental logro de haber llegado a un acuerdo con las Farc que ha conducido a que abandonen la lucha armada y se dispongan a defender sus ideas y objetivos como partido político. Todavía existe una posibilidad de fracasar si no se superan el pesimismo de mucha gente y la indisposición de una facción intransigente del electorado que no concibe ni quiere admitir un futuro en el cual los miembros de las Farc jueguen un papel en la sociedad.

Están circulando escritos y material alusivo a la posibilidad de que las Farc se dediquen a comprar votos con el dinero que supuestamente tienen escondido y lleguen al poder a hacer populismo a la venezolana, aprovechando las condiciones de corrupción, inoperancia estatal, desempleo, pobreza y desigualdad que, en buena medida, subsisten por culpa de los mismos que están promoviendo el miedo a que las Farc ingresen al escenario político electoral. Ellos se opusieron exitosamente a políticas que quizás hubieran evitado el conflicto y han propiciado un sistema político clientelista muy propenso a la corrupción que interfiere con el progreso e impide que mejore la calidad de los servicios del Estado.

La solución no es evitar que las Farc hagan política ni seguir fomentando el rechazo a los exguerrilleros, sino tomar medidas para que no caigan en la tentación de imitar a Chávez o a Petro, para ponerlo más claro. Es mejor acogerlos, como se hizo con el M-19, y ayudar esta vez a que adquieran responsabilidad política por el bienestar de la población y por la economía, como lo han conseguido otros movimientos de izquierda en América Latina, como por ejemplo en Uruguay o en Bolivia –un caso menos publicitado–, donde los líderes no han renunciado a su ideología de izquierda ni a sus objetivos, pero entienden que no se puede transformar una sociedad acabando con la economía o generalizando la pobreza, como ha ocurrido en Venezuela.

Las encuestas muestran que la opinión ya no percibe el conflicto armado como uno de los principales problemas y cree que es más importante mejorar la seguridad ciudadana. Le dan el crédito al aporte que le ha hecho el acuerdo a la seguridad nacional. En las ciudades, la gente no espera obtener beneficios con la paz por el énfasis que se le ha dado a la inversión en el sector rural. Se presenta, entonces, la oportunidad de enfocar el gasto social en las ciudades concertando con los alcaldes una política urbana de posconflicto que privilegie educación, salud, empleo, seguridad ciudadana y movilidad. Todos estos temas figuran entre las principales preocupaciones de la ciudadanía y van a jugar un papel muy importante en la próxima elección presidencial, no obstante ser principalmente responsabilidad de los gobiernos locales.

Se presenta, así, un ambiente propicio para que en el año final esta administración ponga en marcha un programa urbano de paz que sería completamente coherente desde el punto de vista de darles buen uso a los recursos de las regalías y a promover acumulación de capital humano y bienestar social. Además, puede contribuir efectivamente a que el candidato elegido sea del bando que está a favor de la paz y de la continuidad de las políticas.

La oportunidad verdaderamente dorada se derivaría de lograr, asimismo, que la economía vuelva a crecer. Es evidente que esto no se va a alcanzar solamente con políticas macroeconómicas y que es necesario concebir una política estructural que genere nuevas oportunidades de exportación, conocimiento, sofisticación tecnológica y aproveche recursos humanos, de capital y naturales disponibles y no utilizados.

RUDOLF HOMMES

Columnistas

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