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Responsabilidad política sin impunidad

En Colombia se los oye decir "asumo la responsabilidad", pero siguen orondos en la vida pública.

Recientes episodios evidencian dos fenómenos contra el funcionamiento integral de la democracia, por tal razón cada vez más bloqueada: la falta de responsabilidad política y la absoluta impunidad de los cobijados por fuero constitucional, que pasa por antejuicio político en el Congreso.
En las democracias reales, cuando los funcionarios públicos se comprometen en escándalos de corrupción –por negligencia, omisiones graves, falta de vigilancia, inmoralidad, descalabros administrativos o políticos–, asumen la responsabilidad política por lo ocurrido retirándose del cargo, y aun de la vida pública o política.
El general que pierde una guerra, el ministro a quien se le hunden proyectos claves, como a Misael Pastrana en 1968 siendo ministro de Carlos Lleras, a propósito del proyecto de reforma constitucional; el político que lleva a su partido al borde del desastre, como los primeros ministros en sistemas parlamentarios; altos funcionarios judiciales con graves fiascos en investigaciones penales; empleados en cuyas barbas desaparecen dineros del erario, todos pagan dando un paso al costado por esa falta de control e ineficiencia en resultados, o por incuria.
Aquí, caso inédito fue el del exministro Esguerra, quien por dignidad política renunció –pese a no haber sido actor único del episodio en que participaron congresistas, magistrados y otros encumbrados funcionarios del Poder Judicial– tras caerse la reforma en el 2012 por abundancia de ‘micos’.
En Colombia se los oye decir “asumo la responsabilidad”, pero se quedan, impunes, cuando, aún condenados, siguen orondos en la vida pública ¡y hasta se erigen en profesores de moral pública!
Lo mismo ocurre en los juicios contra aforados ante el Congreso (presidente, fiscal y magistrados de las altas cortes), que históricamente no han funcionado, tal vez por la contradicción que entraña atribuir funciones “judiciales” a un cuerpo esencialmente político.
Tampoco son frecuentes aquí los juicios, que en otras latitudes terminan en cárcel, contra expresidentes y altos “exservidores” públicos.
Y no puede culparse, como es usual, solo a la Comisión de Acusación de la Cámara –apenas una primera instancia–, sino a todo el Congreso de que nunca haya prosperado un proceso contra presidentes en ejercicio o expresidentes, ni contra ningún otro aforado.
Cuando los ministros gozaban de ese fuero, no hubo uno siquiera realmente procesado. Pero bastó que el Constituyente del 1991 pasara su investigación y juzgamiento a organismos puramente judiciales, como la Fiscalía General y la Corte Suprema, para que comenzaran a verse ministros realmente inculpados e incluso algunos condenados y presos.
Ahora, Gobierno y Congreso tienen una oportunidad de oro, en el trámite del mal llamado proyecto de “equilibrio de poderes”.
La fórmula aprobada en la primera vuelta deja el problema intacto, pues, si bien se sustituye la Comisión de Acusación por un organismo independiente de investigación, nada podría hacerse si el Congreso no “autoriza” el juicio.
Por eso es atendible la propuesta de la senadora Claudia López y otros sobre que un tribunal, verdaderamente independiente, con un procedimiento que separe la acusación del juzgamiento, adelante todo el proceso y tome las decisiones.
El antejuicio político debe reservarse solo para los funcionarios políticos: Presidente y Vicepresidente. Los demás no lo tendrían, siendo entonces acusados y juzgados por ese tribunal, de gran solvencia moral y jurídica.
Un caso como el del magistrado Pretelt en pocos días sería resuelto por esa corporación, sin esperar el paso por el Congreso.
Entre tanto, seguiremos en las mismas.
Alfonso Gómez Méndez
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