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Real papel de la Fiscalía

El pretendido "poder" omnímodo de la Fiscalía deriva de ejercer funciones que no tiene.

Las numerosas discusiones actuales por la elección de fiscal general justifican volver a reflexionar sobre el verdadero papel de la Fiscalía dentro del sistema judicial, pues su creación fue uno de los aciertos de la Carta del 91, dado que antes la investigación penal la hacían los jueces de Instrucción Criminal, casi que con las uñas y sometidos a múltiples presiones. Muchos fueron asesinados, entre ellos un héroe olvidado, el juez Tulio Manuel Castro, quien investigaba el crimen del ministro Lara Bonilla.
Con todo, se pudo procesar a los carteles de Medellín y Cali, y adelantar juicios históricos contra la guerrilla, la ‘parapolítica’ y algunos, como el 8.000, por nexos de políticos y otros sectores sociales con el narcotráfico.
La Carta Política asigna como atribución principal a la Fiscalía investigar y acusar ante los jueces a supuestos responsables de delitos. Todas las demás funciones giran alrededor de esta. No es tarea del Fiscal, p. ej., actuar como protagonista de la vida política ni opinar sobre todos los temas de la agenda nacional. Muchísimo menos, tener cuotas burocráticas en múltiples entidades estatales.
El pretendido “poder” omnímodo de la Fiscalía deriva de ejercer funciones que no tiene, no las que le fija la Constitución. Por eso es único en el mundo el protagonismo que logra el Fiscal General en Colombia, y de ahí que el cargo se tenga como manzana de discordia burocrática entre los grupos políticos.
Aun frente a la paz, su papel no es tan importante como se ha querido presentar. No se le hace bien al proceso con declaraciones a menudo contraproducentes. La mejor contribución es cumplir la ley vigente, o la que surja de los acuerdos; sabido es que los jueces no discuten las leyes, solo las aplican con recto criterio. Además, el “poder” no radica en un fiscal que inspire temor porque pueda, con intención torcida, iniciar procesos penales o solicitar capturas. Debe ejercer poder moral, no provocar terror.
Cuanto se ha criticado se resolvería si el nuevo fiscal se limita a cumplir la Constitución para responder a los ciudadanos en la lucha contra el crimen, sin protagonismos mediáticos ni “enlaces” con el Congreso ofreciendo la nómina de la entidad.
Podría pensarse en unas pocas reformas: p. ej., que, como se ha sugerido, el Presidente asuma su papel de responsable de la política criminal y designe directamente al Fiscal. O lo que propuse como ministro de Justicia: que si se mantiene la Fiscalía en la Rama Judicial, la Corte Suprema elabore una lista de candidatos y el Presidente haga la escogencia final.
El Fiscal debe tener control penal y disciplinario, no actuar como reyezuelo sin rendir cuentas a nadie. El manejo del presupuesto ha de examinarse por la Contraloría. La carrera judicial debe implementarse de verdad para que no se piense en el “botín” de los veinticinco mil empleos. Deben ser muchos más los investigadores y fiscales, y menos los asesores. Se tendría entonces un fiscal “normal”, eficiente, sin protagonismo político, y el cargo no despertaría el interés malsano de los partidos.
Ahora el Presidente elaboró una buena terna. Sus integrantes son idóneos para desempeñar el cargo sin aspavientos. No parece legítimo pretender descalificar a los doctores Martínez y Reyes por haber ejercido con éxito la profesión de abogados en el pasado reciente, pues la Carta señala ese desempeño entre los requisitos alternativos para tal cargo.
Tampoco puede hacerse odiosa distinción entre quienes hayan sido sus clientes. No puede presumirse la mala fe. La frontera está en que nadie puede favorecer a antiguos patrocinados. Y nada autoriza suponer ese comportamiento de ninguno de los ternados. Tampoco se debe descalificar a Mónica Cifuentes por haber sido diligente asesora jurídica del comisionado Sergio Jaramillo.
Lo correcto es no darles consejos a los magistrados para permitirles que, sin presiones de ninguna clase, elijan a quien consideren la mejor persona para dirigir y gerenciar la investigación criminal en el país.
Alfonso Gómez Méndez
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