¿Estaremos asistiendo al derrumbe total de nuestra Justicia?

    ¿Cómo llamarlo de otra manera? Me refiero, claro está, al delirante fallo de los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá Fernando Pareja y Alberto Perdomo; fallo que no sólo ratifica, sin una sola prueba, la condena a treinta años de prisión al coronel Plazas Vega, sino que ordena al Ejército de Colombia, en un acto público que tendría lugar en la Plaza de Bolívar, pedir perdón por delitos en la retoma del Palacio de Justicia. Para estos dos adelantados apóstoles del Socialismo del siglo XXI, el Ejército es el verdadero culpable de lo sucedido allí.

    Veamos el espectáculo que nos han diseñado. Desde los balcones de la Alcaldía que miran hacia la Plaza de Bolívar, dos antiguos dirigentes del M-19, el alcalde Gustavo Petro y su Secretario de Gobierno Antonio Navarro, miran complacidos este acto de pública contrición militar, tal vez en compañía de Hollman Morris. En cambio, el coronel Mejía Gutiérrez, que cuando era subteniente recibió tres tiros en la retoma del Palacio, debe pedir perdón. Los buenos, los héroes de ayer, son los malos de hoy. Y a la inversa.

    Pero el delirio de los dos magistrados va más lejos. Ahora el expresidente Belisario Betancur y ministros de su gobierno, como Jaime Castro y Noemí Sanín, deben prepararse para rendir cuentas ante la Corte Penal Internacional, seguramente por delitos de lesa humanidad. No importa que la CPI sólo pueda intervenir en hechos ocurridos en Colombia a partir del año 2002. Los dos magistrados ignoran estos detalles.

    Ignoran también, o pasan por alto, que desde el mes de junio del año pasado no quedó en pie una sola prueba válida contra el coronel Plazas Vega. ¿Quién lo dice? ¿Su abogado, Jaime Granados? ¿Fernando Londoño, Salud Hernández, yo mismo? No, alguien más incontrovertible: el magistrado Hermens Darío Lara, a quien se le confió el estudio del caso Plazas. Sin prejuicio alguno, este magistrado se zambulló durante un año y cuatro meses en los 42.465 folios del expediente, y al final de tan encarnizado trabajo presentó una sentencia absolutoria de 541 páginas. Pudo comprobar que los testimonios de Gámez Mazuera y de Tirso Sáenz, dos personajes con un nutrido prontuario de delitos, eran falsos y que Édgar Villamizar nunca firmó la declaración que con el nombre de Édgar Villarreal había servido de base para la condena de Plazas. En efecto, Villamizar declaró ante el Procurador lo que ya sabíamos: que durante los sucesos del Palacio de Justicia se encontraba en Granada (Meta). Lara pudo comprobar también que en la real desaparición de la guerrillera Irma Franco, Plazas no tuvo vinculación alguna. Comprometido en una acción militar, nada tuvo que ver con quienes eran conducidos a la Casa del Florero.

    Todo se imaginaba el magistrado Lara, menos que los dos colegas que debían suscribir el estudio adelantado por él le negaran su voto y aparecieran con una sentencia condenando a Plazas como "coautor mediato de un concurso homogéneo de delitos de desaparición forzada" (ya no de once personas sino de dos). De modo que con lágrimas en los ojos, según me han contado, Lara no tuvo más remedio que poner su conciencia a salvo de tan feroz atropello con un salvamento de voto.

    Igual escrúpulo movió al Procurador Alejandro Ordóñez a interponer de inmediato un recurso de casación contra el fallo. ¿Estaremos asistiendo al derrumbe total de nuestra Justicia? Espero que no. Figuras honestas en la Corte Suprema de Justicia acabarán midiendo ese delírium trémens de los magistrados Pareja y Poveda, que hoy quieren poner de rodillas no sólo al coronel Luis Alfonso Plazas, sino a todo el Ejército colombiano.