Los analistas internacionales han coincidido en que una de las cosas más chocantes de la crisis actual ha sido ver cuánta gente sabía lo que estaba pasando y no hizo nada. Y más chocante todavía ver cuántos trataron de alertar sobre la crisis sin que se los calificara de insidiosos, resentidos, anormales.

"A nadie le gusta un aguafiestas", escribía Paul Krugman para tratar de explicar por qué no se quisieron ver las señales de crisis, que el propio sistema financiero estaba produciendo y que no pocos economistas y políticos pudieron ver. "¿Por qué se desecharon tantos signos inequívocos de la burbuja inmobiliaria -se preguntaba el Nobel- si aún estaba fresca en la memoria la burbuja de las puntocom en los 90?". La respuesta es contundente: en un momento en que prestamistas, bancos de inversión y gestores de capital obtenían ganancias a borbotones, "¿quién tendría ganas de escuchar a unos economistas patéticos advirtiendo que todo aquello era, en realidad, un negocio piramidal de dimensiones descomunales?".

Guardando las proporciones, esa es la situación que desde hace años viene viviendo el país. Mientras unos pocos ganan a borbotones, nadie quiere oír a unos personajes patéticos que insisten en mostrar las consecuencias que tendrán las decisiones de Uribe sobre la ética pública y las instituciones políticas del país, cuando todos en realidad quieren oír que estamos ante el mejor gobierno de la historia.

Hoy son los hijos del Presidente los que deben salir a explicar que sus conductas no son ilegales. Antes había sido el propio Álvaro Uribe el que tuvo que salir a aclarar por qué el Gobierno no había actuado en la crisis de las pirámides; y antes había tenido que asumir la responsabilidad de los falsos positivos; y antes debió explicar por qué estaba en el Palacio Presidencial un delegado de 'don Berna'; y antes tuvo que salir a jurar que jamás le ofreció prebendas a Yidis Medina por su voto aprobatorio de la reelección presidencial, y antes, que no había llamado a un magistrado para hablar de la situación de su primo envuelto en la 'parapolítica'. Y antes una sucesión de antes, que solo dejan ver situaciones oscuras, en las que ha terminado viéndose envuelto el propio Palacio Presidencial.

En un momento en que banqueros, exportadores, industriales y comerciantes se benefician de las exenciones de impuestos, reducciones tributarias y decisiones de política que se toman con nombre propio, ¿a quién se le ocurriría oír a alguien que se esfuerza por advertir los riesgos que tiene para el futuro del país el quiebre de la institucionalidad política, la extensión de la corrupción pública, la profundización de la 'parapolítica' o las acusaciones de vínculos con terroristas que se les hacen a los magistrados de la Corte Suprema (sin que haya pruebas de ello)?

Así como sucedió con la crisis de las puntocom, que los inversionistas creyeron que Alan Greenspan (ex presidente de la Reserva Federal) podía resolver, como cualquier otro problema, los uribistas han creído que el presidente Uribe tiene la fórmula para enfrentar cualquier crisis.

Pero los aguafiestas son un aguijón para los que quieren seguir creyendo que el país va divinamente. Son una amenaza para los que se resisten a ver cómo la seguridad democrática terminó convertida en un escandaloso fraude que transgredió todos los límites de la acción humanitaria; cómo el sistema de salud está resquebrajado y atravesado por mafias que controlan puntos claves, y cómo la infraestructura se rezagó todavía más en estos seis años, que se perdieron entre anuncios de grandes obras e inauguraciones de pequeños tramos.

¿Por qué se desecharon tantos signos inequívocos de crisis política y moral en Colombia -se preguntaría Krugman en un próximo artículo-, si aún estaba fresca en la memoria la crisis ética e institucional que sembró el gobierno de Uribe entre el 2002 y el 2010? Mientras los más fervientes uribistas, reconvertidos al jefe del momento, seguirían preguntándose por qué este desastre no lo vimos venir.

Pedro Medellín Torres