La 'Operación Jaque' podría servir para actualizar el capítulo sobre el papel de los políticos en el manejo de la guerra, que Geoffrey Regan analizó en su libro la Historia de la incompetencia militar, hace más de 20 años. No sólo le aportaría nuevos ejemplos acerca de cómo la "confusión de objetivos políticos y militares" o los "fallos del arma propagandística" alteran la conducción de los ejércitos y la guerra. También (y sobre todo) le permitiría agregar un apartado sobre cómo la frágil ética que los civiles imponen a los militares siempre termina por degradar las grandes victorias, cuando no las convierte en deshonrosas derrotas.

Son muchas las evidencias que muestran cómo en Colombia la planificación y la ejecución de las operaciones militares han estado regidas por una ética muy frágil. Y no ha sido solo un problema de los militares, sino sobre todo de los civiles. Los gobernantes (ni siquiera en estos años de ministros civiles de Defensa) no han sido capaces de imponer a policías y militares una ética consecuente con los principios del Estado de Derecho y la legislación internacional. No de otra manera se explica esa larga lista de condenas, en tribunales internacionales y nacionales, que comprometen a miembros de las Fuerzas Armadas y de Policía por la comisión de delitos, algunos de ellos de lesa humanidad.

Los militares actúan al ritmo que les impongan los gobiernos civiles. Por eso, el problema se ha agudizado en los últimos seis años. La presión ejercida por el presidente Uribe por más y más resultados ha llevado a que militares y policías excedan los límites de la ley para producir el positivo que satisfaga al gobernante. Y si esas presiones se ejercen en medio de encendidos discursos en los que se homologa a los opositores con terroristas, pues nadie repara en la frontera de lo legal y lo ilegal, con tal de dar resultados.

Hace unas semanas, era el ataque al campamento de las Farc en que fue abatido 'Raúl Reyes' el que se citaba como ejemplo de transgresión a las reglas del Derecho Internacional. A sabiendas de que 'Reyes' se encontraba en territorio extranjero y que las autoridades de ese país no habían sido informadas, el Gobierno autorizó el bombardeo. La consecuencia no pudo ser peor. El que era un duro golpe a la estructura de las Farc terminó en un problema internacional, que aún hoy no se ha podido resolver.

Ahora es la 'Operación Jaque', que permitió el rescate de 15 secuestrados en poder de las Farc, la que se ha convertido en el paradigma de la debilidad ética que imponen los civiles a los militares. La operación era tan compleja, que todos los detalles debieron ser consultados al más alto nivel. Y a sabiendas de que se transgredían los protocolos de Ginebra, 'Jaque' se planificó y ejecutó con exito.

Dos hechos emergen como agravantes. Por una parte, unos militares que, teniendo conciencia de esas transgresiones y confiando en que no pasaría nada, ofrecen a la cadena CNN videos y fotos de la 'Operación Jaque', con un argumento: demostrar que el Gobierno colombiano quebró el DIH al usar el símbolo de la Cruz Roja. Pero, ante el fracaso de la venta, el material es ofrecido a medios locales, pero con otro argumento: la revelación de detalles desconocidos de la famosa operación.

Y por otra, un gobierno que en la hora de los honores reclama haber tenido cada detalle bajo control, pero cuando se conocen las transgresiones a la Ley se declara sorprendido por los hechos (de los que dice no saber nada). Y lejos de asumir responsabilidades, cuestiona que se haya filtrado la información (no la transgresión a las normas) y apura a declararla como traición a la patria, dejando en los militares toda la responsabilidad.

En un país en donde el Presidente vocifera a sus generales: "acábelos, y por cuenta mía, no se preocupe", no se puede esperar que militares y policías se sientan obligados a actuar conforme a las reglas del ordenamiento interno y el Derecho internacional. Alguien le tendrá que decir al Presidente que, si quiere evitar problemas en el futuro, por alguna parte habrá que comenzar.

Pedro Medellín Torres