El ridículo no ha podido ser más grande. Semanas después de que el Fiscal General de la Nación anunció que "el país se estremecería con los resultados de la investigación sobre la 'Farcpolítica' ", ha tenido que dejar libre al que se consideraba la insignia de ese proceso: Sigifredo López.

Al exdiputado del Valle se le imputaban delitos de lesa humanidad, toma de rehenes, homicidio y secuestro de sus 10 compañeros de la Asamblea Departamental. Y a pesar de que en su momento, y a través de distintos medios, se le advirtió al Fiscal sobre la fragilidad probatoria, Montealegre reaccionó con arrogancia, asumiendo la responsabilidad por las actuaciones en el caso.

En principio se dijo que todo el problema se origina en la existencia de un 'carrusel' de testigos que funciona en la Fiscalía, en el que los criminales sacan provecho de las ventajas que ofrece el sistema acusatorio. Sin embargo, la realidad es otra.

La decisión de sindicar y capturar a López no provino de la declaración de testigo alguno, sino fundamentalmente de un video aportado por la Policía colombiana en el que supuestamente aparecía el exdiputado dando instrucciones para el asalto contra la Asamblea del Valle. Como bien afirma el equipo de la redacción judicial de EL TIEMPO, "nadie tomó en cuenta la posibilidad de que no fuera López sino 'J. J.', el jefe del grupo que perpetró el plagio y cuya voz era muy parecida a la del político".

En el momento en que el peritazgo del FBI estableció que no era la voz de López, la Fiscalía, lejos de asumir sus errores, se volcó sobre el sistema de testigos, buscando una prueba que justificara no sólo la actuación de la Fiscalía, sino la permanencia de López en la cárcel. Y, claro, la encontró. Todavía está por establecer cómo fue la negociación y a qué acuerdo se llegó con los testigos del caso, porque al sistema no se accede si no hay posibilidades.

Así, pues, no se trata de 'carrusel' de testigos, como se ha venido argumentando para justificar que en las acciones de la Fiscalía no hay móviles políticos, sino hechos jurídicos (sic). Todo parece indicar que se trataba del afán del Fiscal General y de su equipo de funcionarios por entregar un caso que demostrara de manera concluyente la existencia de la 'Farcpolítica' en Colombia y, sobre todo, la eficiencia de la Fiscalía en su combate.

En esa perspectiva, uno no sabe si reír o llorar cuando analiza las medidas tomadas por el Fiscal para evitar que casos como el de Sigifredo López se vuelvan a repetir. El asunto es mucho más de fondo que el de revisar y hacer ajustes en Justicia y Paz o buscar los lazos entre los testigos y las organizaciones criminales. Eso ya se debía saber.

El problema tiene que ver con hechos que van desde una cadena de corrupción en la Fiscalía hasta la fragilidad de la entidad a las presiones del gobierno de turno o de los grupos con intereses políticos o económicos muy bien definidos, pasando -eso sí- por las tendencias de los propios fiscales a figurar en los medios o a hacer favores políticos.

Lo grave de todo esto no es solamente el daño que se le puede causar a una persona que termina acusada y condenada por delitos que no cometió; o los costos económicos que la Fiscalía debe asumir por los errores en los que incurren sus fiscales e investigadores y que terminamos pagando todos los colombianos. Informes de prensa dan cuenta de una suma superior a los 450.000 millones de pesos en los últimos tres años por errores de este tipo.

Lo verdaderamente grave es el costo político, social e institucional que tiene para la credibilidad y legitimidad de un sistema judicial acosado por los mafiosos, los corruptos y los politiqueros que quieren sacar provecho de todas sus actuaciones. Ojalá que el Fiscal General entienda que una renuncia es la mejor manera de asumir la responsabilidad política por las actuaciones en el caso.

Pedro Medellín Torres