Sin que haya cumplido seis meses en el gobierno, el alcalde de Bogotá parece estar perdiendo el control de la ciudad. Políticamente, se vive una situación de incertidumbre. Petro no logra mostrar un proyecto de futuro, ni una agenda de trabajo que permita pensar que Bogotá va en una dirección definida; socialmente, se vive una especie de angustia colectiva. No solo porque no se ve un timonel que toma las decisiones correctas, sino que desperdicia tiempo precioso en discusiones poco relevantes o en anuncios de medidas que muy pronto tiene que corregir o reversar. Como si fuera poco, institucionalmente se percibe una parálisis gubernamental. A menos de un semestre en el cargo, en un hecho sin precedentes, los secretarios de despacho han tenido que presentar renuncia.

No puede haber más razones para preocuparse. Si el Alcalde no toma las medidas necesarias, Bogotá avanza imparable a una crisis de gobernabilidad. El curso que están tomando los acontecimientos en el camino de la crisis está siguiendo una trayectoria de libro que puede describirse de la siguiente manera: los gobiernos comienzan con un mayor o menor nivel de aceptación pública de sus intenciones. Bien porque se trata de un compromiso adquirido con los electores o bien porque la fuerza de los acontecimientos los ha llevado a asumir esas intenciones que, en otras condiciones, jamás habrían entrado en la agenda gubernamental.

Sin embargo, a medida que los gobernantes comienzan a hacer todo tipo de declaraciones sobre todos los temas, o a hacer anuncios de cambios que la sociedad está reclamando, pero que no están en capacidad de satisfacer, los gobernados empiezan a percibir que sus expectativas no son satisfechas. Poco a poco van apareciendo los problemas de aceptación ciudadana de las decisiones que están tomando, y cada vez es más cuestionado el impacto que ello tiene sobre la población. Los primeros movimientos por la revocatoria marcan la señal que anuncia problemas de legitimidad.

Si los gobiernos no pueden contener la pérdida de legitimidad, entran en el umbral en que se debilita la capacidad de conducción política de la sociedad y del aparato gubernamental. O, más precisamente, se pierde el control de las variables que afectan la dirección de su equipo y su posibilidad para convertir las intenciones en hechos de gobierno. Si el mandatario no logra recuperar su capacidad de conducción política, la crisis de legitimidad lleva a que las instituciones y sus procesos parezcan ingobernables, fuera de control. Los problemas de gobernabilidad aparecen marcados por el desmoronamiento de los elementos que fundamentan el orden político e institucional del país o la ciudad que es gobernada.

Las dificultades que ha ido enfrentando el alcalde Petro parecen seguir esta trayectoria. Desde sus primeros anuncios, la polémica se ha hecho presente. Incluso, aquellos compromisos que estaban plasmados en su programa de gobierno, como la fusión de las empresas públicas, adquirieron el rótulo de anuncios improvisados, que rápidamente generaron incertidumbre en los ciudadanos. La renuncia de uno de los más importantes miembros de su equipo de gobierno, Antonio Navarro, dejó a Petro en situación de desprotección. Los medios de comunicación y los expertos subieron el nivel de exigencias sobre el Alcalde, lo que aumentó la incertidumbre acerca de su capacidad para cumplir con sus compromisos.

Decisiones posteriores, como la solicitud de renuncia de sus secretarios, han sido interpretadas como el reconocimiento de la incapacidad de su equipo para gobernar la ciudad, lo que redujo aún más el margen de maniobra que tiene para actuar. Petro enfrenta un serio problema. Ojalá enmiende la plana. Si no, Bogotá se vería sumida en una profunda crisis de gobernabilidad.

Pedro Medellín Torres