El presidente Santos parece ir en contra de esa tradición en la que, luego de que un gobierno invoca un clima propicio para la paz en Colombia, ocurre un hecho inesperado que lo devuelve a la realidad de la guerra. No de otra manera se explica cómo, después del atentado terrorista contra el exministro Fernando Londoño, el Presidente haya arremetido con más fuerza al señalar la paz como su principal objetivo de gobierno.

Incluso, en desarrollo de la Cátedra Colombia, en un discurso ante las fuerzas armadas y de policía, dijo que "por primera vez podemos decir que vemos un camino claro para terminar la guerra y construir la paz". Esta, que podría ser una afirmación leve, en realidad adquiere un contenido diferente cuando se ve al Gobierno metido de cabeza en la tarea de lograr la aprobación en el Congreso de los proyectos de reforma constitucional del marco jurídico para la paz y de ampliación de la vigencia de la ley de justicia y paz. Estos vienen a complementar los esfuerzos hechos con la ley de víctimas y restitución de tierras, la Ley 1424 para la desmovilización, y la prórroga de la ley de orden público, lo que da forma a lo que se ha llamado el entramado jurídico para la paz.

Sin embargo, James Robinson, de la Universidad de Harvard, ha encendido una alerta al decir que los "colombianos y sus instituciones están listos para hacer la paz", pero, eso sí, se requiere una importante dosis de legitimidad. Se trata del proceso a través del cual los ciudadanos reconocen y conceden el aval para que las instituciones busquen la negociación con los grupos armados, con la "convicción de que es el camino más conveniente o apropiado para la sociedad".

Aquí Santos enfrenta un verdadero escollo. En un país cansado de las acciones terroristas, en el que el secuestro se convirtió en pan de cada día en el conflicto armado, y con un expresidente como Álvaro Uribe minando cada una de las bases del entramado jurídico para la paz, no resulta difícil entender la compleja tarea que le espera al Gobierno para lograr el apoyo ciudadano a su objetivo de lograr la paz. Mucho más cuando en la Costa Atlántica se denuncia la acción de grupos armados ilegales que mantienen control territorial y bajo su amparo se cometen los peores delitos.

La primera cuota de legitimidad proviene del proceso de aprobación y expedición de las nuevas normas. De la capacidad que tenga la norma de reflejar los intereses y los propósitos de la sociedad depende que se le confiera legitimidad o no.

El Gobierno debería revisar el proceso de discusión, aprobación, ajuste y expedición de la ley de justicia y paz. Lo que nació como un proyecto de perdón total para los paramilitares terminó siendo una ley de justicia transicional, mediante la cual los colombianos aceptaron que, a cambio de sacrificios en justicia, se alcance la paz. Los ajustes en el trámite legislativo, así como los que incorporó la Corte Constitucional y el propio Gobierno en la reglamentación, fueron permitiendo que la norma fuera reconocida por todos como un instrumento para la pacificación del país. Que justicia y paz haya logrado resultados más o menos discutibles ha dependido más de la capacidad de las instituciones colombianas para hacer cumplir la ley que de las bondades o defectos de su articulado. Lo cierto es que la legitimidad con la que se comenzó a aplicar fue indiscutible.

El Gobierno va a tener que hacer un gran esfuerzo para lograr que los colombianos respalden las reformas que impulsa como entramado jurídico para la paz. Pero, sobre todo, va a tener que lograr que las instituciones tengan la capacidad para aplicar las leyes. Todavía el Incoder no logra mayor velocidad en los trámites para la entrega de predios. Y las fuerzas armadas y de policía tampoco logran garantizar las condiciones de seguridad que les permitan a los propietarios volver a su tierra. Habrá ambiente político para una negociación para la paz. Pero que estemos listos, todavía no.