Con el argumento de que el rebrote guerrillero se debe a la pérdida de moral que en la tropa están produciendo las decisiones judiciales, Colombia está entrando en un juego peligroso que se sabe cómo comienza pero no cómo termina. El problema está en las reacciones que ha provocado la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá que confirma la condena contra el coronel Plazas Vega por los hechos del Palacio de Justicia y obliga al Ejército a pedir perdón a la comunidad por los hechos ocurridos.

Primero han sido los militares, que (pidiendo reserva de su nombre) comenzaron a filtrar a los medios de comunicación su resistencia a cumplir con la orden judicial. Luego, el excomandante de las Fuerzas Militares general (r.) Jorge Enrique Mora, quien, asumiendo la vocería del estamento militar, fue más lejos al decir:
"Tengan la seguridad de que ninguno de los generales de la cúpula actual ni de la que viene van a pedir perdón por el Palacio de Justicia, como quiere el Tribunal de Bogotá. Los magistrados se van a quedar con las ganas, porque es un fallo que ignora el mundo militar".

Y como si el ambiente no estuviera lo suficientemente enrarecido, un par de días después sale el propio Procurador General de la Nación a acusar a algunos funcionarios judiciales (no dijo quiénes) de estar empeñados en una guerra jurídica contra militares y policías. "Comenzaron con Plazas Vega, siguieron con Belisario Betancur. Y después vendrán por Álvaro Uribe y el presidente Santos", afirmó en una entrevista

Que un excomandante de las Fuerzas Armadas salga a hacer semejantes declaraciones es preocupante. El general (r.) Mora puede ser uno de los más representativos y respetados militares de las últimas décadas. Pero eso no lo valida para asumir la vocería de los militares. Primero, porque la afirmación tiene un tono de desafío institucional que en ninguna circunstancia puede comprometer el nombre de la cúpula actual o de la siguiente en el cumplimiento de una decisión judicial. Por eso, es comprensible que ningún miembro de la cúpula militar haya salido a aclarar los términos de lo dicho por Mora. Y segundo, al afirmar que "los magistrados se van a quedar con las ganas" está sugiriendo que los jueces tenían una intención explícita de condena que va más allá de su función de administrar justicia. Que son los responsables de la que se ha dado en llamar la guerra jurídica contra los militares.

Y por otra parte, que haya sido el Procurador, como responsable del Ministerio Público, quien haya salido a avalar esas tesis resulta incomprensible. No solo porque es parte del proceso judicial, sino porque tiene que garantizar los derechos de toda la sociedad (entre los que están los derechos de las víctimas a ser reparados) al tiempo que debe ser garante del orden jurídico.

Los militares deben entender que no es la primera vez que se obliga al Estado a pedir perdón por actos en los que aparecen comprometidos (por acción u omisión) miembros de las Fuerzas Militares. La lista de los casos en los que se ha tenido que pedir perdón es larga. Además, debe quedar en claro que la intención del Tribunal de Bogotá no es acabar con la reputación del Ejército, sino dictar las medidas encaminadas a reparar a las víctimas de hechos que fueron judicialmente comprobados. Y el pedir perdón -cuando se han producido desbordamientos- no agravia, sino que engrandece a los militares y policías.

La dirigencia del país haría bien en cerrarles el paso a esas tesis que quieren hacer ver a los jueces como los responsables de que las Fuerzas Armadas no puedan combatir a los verdaderos enemigos de la sociedad, que son las organizaciones armadas ilegales. Aquí solo se les está haciendo el favor a los que le están haciendo la verdadera guerra jurídica que es contra la justicia. Un juego que ya sabemos cómo comienza, pero no cómo termina.