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Paz y reforma política

Gobierno insistirá en reformas que garanticen igualdad de condiciones para las fuerzas políticas.

A mediados del siglo pasado, los dos partidos tradicionales superaron su enfrentamiento armado a través de un pacto de alternación en el Gobierno Nacional. No obstante que el acuerdo permitió dejar atrás la denominada violencia política, al mismo tiempo excluyó de la posibilidad de acceder al poder a quienes estaban al margen de los partidos liberal y conservador, lo que a su vez sirvió de excusa para que algunos colombianos continuaran empuñando las armas y otros se incorporaran a la actividad ilegal. La gran lección de ese episodio es que un acuerdo para resolver un conflicto armado no puede ser excluyente desde el punto de vista político.
El acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera no solo ofrece garantías para la transición de las Farc hacia una organización política, sino que además consigna el compromiso de adelantar profundas reformas de nuestro sistema político y electoral a fin de mejorar la calidad de nuestra democracia para hacerla más incluyente, pluralista y transparente.
El pasado 17 de enero, el presidente Santos instaló la Misión Electoral prevista en los acuerdos para recomendar las reformas necesarias en este propósito. En el acto de instalación, el Presidente pidió a sus miembros estudiar un modelo de financiación de campañas políticas exclusivamente estatal, dado que el modelo mixto, hoy vigente, ha sido capturado por redes de financiadores de campañas cuyos dineros tienen origen ilegal, muchos de ellos en la propia contratación estatal. Sin duda, la financiación ilegal de las campañas es el primer eslabón de una cadena de corrupción que suele terminar en pliegos de condiciones amañados para la contratación de las obras públicas y en el pago de coimas en todos los niveles de la administración pública.
Nuestro sistema político y electoral requiere de una terapia de choque, y no hay mejor época que la actual para garantizar transparencia e igualdad de condiciones para quienes participen en el debate electoral y recuperar así la confianza ciudadana en los partidos y las instituciones. La financiación estatal de las campañas no podría adoptarse si no va acompañada de otras reformas como el establecimiento de las listas cerradas y bloqueadas para las elecciones de las corporaciones públicas, que permitiría que la financiación se pueda hacer a través de los partidos, con unos controles rigurosos y unas precisas responsabilidades en cabeza de sus representantes legales.
Además, los partidos actuarían como auténticas y coherentes organizaciones que tendrían que rendirles cuentas a sus electores, en lugar de esa dispersión e individualización de la actividad política estimulada por el sistema de voto preferente, que, dicho sea de paso, hace imposible el control de la financiación de las campañas.
Así mismo, resulta pertinente este momento para dejar atrás la circunscripción nacional para el Senado, que no ha cumplido con los propósitos que inspiraron a los constituyentes de 1991 y, en cambio, estimuló el crecimiento desmesurado del costo de las campanas al Congreso, que hoy es realmente escandaloso. Algunas de estas medidas las llevó el Gobierno al Legislativo en la reforma del equilibrio de poderes, y lamentablemente no se obtuvieron las mayorías para lograr su aprobación.
Ahora, con una coyuntura más favorable, con la necesidad de implementar los acuerdos de paz y mejorar nuestra democracia, con el procedimiento legislativo especial y la fuerte reacción de una opinión pública hastiada de esta corrupción, que tiene estrecha relación con el mal funcionamiento del sistema político y electoral, el Gobierno insistirá en un conjunto de reformas que garanticen igualdad de condiciones para todas las fuerzas políticas y, sobre todo, que la financiación ilegal de las campañas no siga generando la corrupción que hoy indigna, con razón, a los colombianos y afecta severamente nuestra democracia.
JUAN FERNANDO CRISTO
Ministro del Interior
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