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Parar antenas

Debería ser una sola entidad la que regule a los operadores de telefonía celular.

Este país, que va camino al barranco por varios motivos –como el de Pretelt–, como si fuera poco, está poniéndole un palo en la rueda al progreso de la tecnología y las telecomunicaciones. Un ejemplo es lo que viene sucediendo con la aplicación Uber, con lo que se demostró que al Estado le importa un comino lo que les conviene y les sirve a los colombianos.
En el área de la telefonía móvil y las comunicaciones de datos 4G LTE también se están presentando inconsistencias que podrían atrasar la penetración de la banda ancha inalámbrica. Hoy existen aproximadamente 53 millones de usuarios de telefonía celular, industria que genera 500.000 empleos. En el 2014, los operadores hicieron una inversión de 2 billones (millones de millones) de pesos y en los próximos 4 años, se estima, van a ser 8 billones.
Ello hace que este sector se deba manejar con mucho cuidado. Hoy, el Ministerio de las TIC, la CRC y la Superintendencia de Industria y Comercio pueden sancionar hasta con 70.000 millones de pesos al operador que no cumpla con los niveles de servicio definidos en las normas actuales. Vale mencionar que Colombia es uno de los países con mayor exigencia regulatoria en la prestación de este servicio.
Debería ser una sola entidad la que regule a los operadores de telefonía celular –en mi opinión, la CRC–. Si se quiere que la banda ancha inalámbrica llegue a todo el país, se debe tener en cuenta que hay lugares donde no hay muchos usuarios y que la instalación de antenas puede tener problemas de servicio, razón por la que los pueden sancionar; y si esto se hace sin tener en cuenta estas dificultades, pues los operadores no las van a instalar y estos sitios se quedarán sin banda ancha.
Igualmente, el buen servicio depende de una adecuada instalación de antenas. Quienes las autorizan son los alcaldes, muchos de los cuales la niegan, sin mayor conocimiento al respecto y sin considerar que afecta el buen servicio. Recordemos que, según la UIT, no se ha demostrado científicamente que estas antenas generen problemas de salud.
Si queremos una Colombia conectada, los POT y las normas que puedan afectar el servicio de telefonía móvil y banda ancha 4G LTE tienen que considerar que la óptima instalación de antenas es fundamental para un buen servicio. Debe ser una sola autoridad la que apruebe estas instalaciones, y no los más de mil alcaldes que hoy gobiernan.
Guillermo Santos Calderón
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