La falta de visión estratégica para diseñar un plan de guerra eficaz contra las Farc, la improvisación política y la consecuente ausencia de resultados aceptables durante el primer mandato de Uribe se ocultó tras la seguridad de movilización lograda en las carreteras y la complacencia de numerosos grupos con el Gobierno. La política de Seguridad Democrática se identificó con la arremetida oficial contra esa guerrilla -Plan Patriota-, que tuvo sabor a vendetta y altos costos en recursos humanos y dinero.
En el segundo mandato presidencial, la diferencia del Plan Patriota con el Plan Consolidación -su sustituto-, no fue sólo de nombre.

Pese a su tono triunfalista -adicionado con la pretenciosa afirmación "el fin del fin"-, los logros en el 2007 y sobre todo en el 2008 son incuestionables. El nuevo plan mantuvo los altos costos económicos y se apoyó en cambios elementales pero efectivos, incluida una sofisticada inteligencia. Con esos cambios, la hibernación forzada de las Farc ante el acoso militar las forzó a despertar. La ventaja con la dispersión en numerosos frentes se tornó en su debilidad: la interceptación de sus comunicaciones las obligó al aislamiento de sus frentes, so pena de recibir más golpes.

Pero esos logros comenzaron a empañarse. La operación que abusó de la relativa debilidad del Ecuador ha sido costosa en las relaciones con la vecindad. Las mentiras a la opinión pública en la 'Operación Jaque' fueron pilladas por un noticiero en el exterior. Y, lo más grave, pese a que el nuevo plan dio prioridad a capturas y estímulos a la deserción, la presión presidencial por resultados alimentó la inercia de mandos enseñados a medirlos en 'bajas enemigas'. Numerosos crímenes identificados con el eufemismo de 'falsos positivos' desnudaron las atrocidades cometidas.

Por otra parte, el nuevo plan reforzó el pago de recompensas por información, facilitada por la dificultad de comunicaciones de la guerrilla. Pero la 'recompensa' dada al guerrillero que asesinó a 'Iván Ríos' y la minimización de su crimen inició la ruptura gubernamental con la ética de la guerra en una democracia.

Cuando se opacó el triunfalismo oficial ante la evidencia de que "la culebra sigue viva", creció la importancia de las recompensas. A los 'indultos' a criminales de la guerrilla les enciman jugosas recompensas para estimular deserciones de carceleros con secuestrados, supuestamente para acabar con un botín político que como tal es objeto de 'molestas' presiones al Gobierno para que tome decisiones políticas al respecto.

Una terca visión militar, sin la flexibilidad que proporciona su combinación con la imaginación política propia de una democracia, agota cualquier plan de guerra. El estrecho margen político que se abrió para la liberación de secuestrados por las Farc, mediante el intercambio epistolar con esta guerrilla por parte de un grupo de ciudadanos -cuya iniciativa surgió de la inamovilidad gubernamental-, ha estado lleno de obstáculos oficiales, con la disculpa de evitar manipulaciones políticas por parte de la insurgencia. Como si tales obstáculos no fuesen a su vez manipulaciones.

Con el Plan Consolidación, la necesaria coordinación entre las Fuerzas Militares y la Policía tiene por primera vez cierta eficacia. Sin embargo, quedó suelta la rueda del DAS, que recuperó viejas andanzas de 'cacería de brujas', no sólo en las ciudades sino en áreas 'sospechosas', como La Macarena, antigua zona de distensión. A esto se ha sumado la inteligencia militar y policial, empañando su eficacia. La memoria de las redadas masivas del Plan Patriota aún no se ha borrado.

Queda por fuera de esta visión de la seguridad democrática copada por las Farc, un lastre cada vez más pesado: además de la 'parapolítica' -'culebra' que también sigue viva-, los grupos 'paras' rearmados y emergentes, las bandas criminales y la delincuencia común avanzan casi a su libre arbitrio, como resultado en buena medida de la obsesión presidencial con esa guerrilla. 

Francisco Leal Buitrago