Pasó casi inadvertido el tercer aniversario de la ley 975 de julio de 2005, conocida de manera impropia como de "Justicia y Paz". La atención de los medios estaba concentrada en otros afanes como la captura del Presidente del Partido de la U y su traslado a la cárcel a hacerle compañía a los otros presidentes de partidos de la coalición de gobierno y a otros expresidentes del Congreso de la República.

El informe de la Fiscalía es un buen punto de partida para hacer el balance y preguntarles a las autoridades competentes sobre los resultados en justicia, reparación, verdad o garantía de no repetición. Algunas cifras son significativas: en tres años no se tiene aún la primera sentencia; de 3.431 postulados por crímenes atroces, se ha agotado el trámite a 9 versiones. A la fecha no hay una sola víctima que haya podido tramitar sus demandas en incidente de reparación y no se ha entregado un peso de los victimarios en razón de sentencia judicial.

Del total de 3,5 millones de víctimas de los paramilitares, tan solo 147.000 se atrevieron a inscribirse para buscar alguna satisfacción, apenas 10.500 lograron asomarse a alguna audiencia sin ningún resultado y menos de 2.000 tienen apoderado.
Los 20 grandes capos que estuvieron en versiones libres entregaron irrisorios 2 millones de dólares y 99 fincas, (75% del total en dinero corresponde al "Mellizo"), que contrasta con los $5.000 millones de dólares acumulados por los narcoparas en operaciones de narcotráfico, expropiación de más de 1,5 millones de hectáreas y apropiación de dineros públicos en alianza con sus socios parapolíticos.

Y para completar el cuadro, en el momento en que las peleas internas entre los procesados estaban llevando a denuncias de alto calado, el Doctor Uribe estimó prioritario entregar a los principales jefes y depositarios de los secretos del parapoder para ser juzgados en Estados Unidos por unas cuantas toneladas de cocaína.

Las revelaciones de los exnarcoparas sobre sus compinches quedaron subordinadas a los procesos por narcotráfico y sus "verdades" se volvieron materia de negociación para penas incluso menores a las previstas por la ley 975.
Con las extradiciones quedó demostrado que la ley 975/2005 estuvo desvirolada desde el principio: se definió como una ley ajena al narcotráfico y a los crímenes de funcionarios públicos y se pretendió aplicar a los narcoparas asumiéndolos como antisubversivos o cuasi sediciosos. Los procesos más importantes terminaron abruptamente cuando la situación se desbordó y el gobierno los extraditó, reconociendo así que son en esencia narcotraficantes.

En el balance hay por supuesto cifras en el haber, algunas verdades destapadas, argumentos a la Corte Suprema, muestras de la dimensión de la barbarie y rupturas con las estrategias de guerra sucia, pero en el debe queda maltrecha la justicia y la paz. En este país que se acostumbra a que la ley es para burlarla ... también hay ley de burlas.

* Director de Indepaz

Camilo González Posso