Para algunos, defender los derechos humanos es una actividad sospechosa. Para otros, como a veces se evidencia, es recurso y cantaleta para pretendidas deslegitimaciones gubernamentales y estatales. Es sabido, de todas maneras, que desde aquí y desde allá salen estigmatizaciones. Y, las garantías y protección para los defensores de derechos humanos (gubernamentales y no gubernamentales), para no llover sobre mojado, son de evidente precariedad. 

Durante buena parte de nuestra historia reciente, en el "tira y jala" de visiones sesgadas con respecto a los derechos humanos, se han cometido desafueros como los efectuados, en el pretérito, durante la vigencia del llamado "Estatuto de Seguridad". Hoy habría que adicionar a las páginas de la ignominia deshumanizadoras las "chuzadas", los "falsos positivos", las amenazas y otros atropellos que a diario se suceden contra activistas de los derechos humanos al amparo de lo que parece un desprecio de algunos por los derechos humanos en la llamada "seguridad democrática".

Ahora bien, sin pretender justificar los inaceptables señalamientos o atropellos contra organizaciones y líderes de los derechos humanos en Colombia, tiene pertinencia registrar también que, algunos activistas, han "ideologizado" el tema. Dicen, si mal no recuerdo, que los derechos humanos se inscriben en el momento histórico y, con el "catecismo marxista" en el sobaco, concluyen que, como la historia está signada por la lucha de clases, la reivindicación por el respeto de los derechos humanos, implícitamente, se encuentra inmersa en la lucha de los abajo contra los de arriba. Por ese camino, entonces, se hace relieve en los derechos humanos de los "oprimidos" ("realizables en el socialismo") y "mandan al carajo" los derechos humanos de los "opresores y sus agentes burgueses".

Es posible, entonces, que detrás de la visión sesgada de los derechos humanos y la lucha de clases, seguramente, se esconden los silencios (o falta de vigor) para condenar la violación de los derechos humanos de líderes indígenas perpetradas por la guerrilla, o la no condena ante la locura de quemar un bus atestado de pasajeros, o ante las provocaciones y graves agresiones sobre bienes civiles (así no sea el de Brooklyn) protegidos por normas del derecho de gente, entre otras.

Sin embargo, a pesar de las incomprensiones del pasado y las evidentes intolerancias del presente, hemos avanzado en la vigencia de los derechos humanos y la efectividad en la protección de los defensores de los mismos. Sin caer en la ingenua creencia del llamado "fetichismo normativo", es bien claro que con la vigencia de la Constitución de 1991 nuevas garantías y posibilidades de respeto a los derechos humanos se han abierto. Desde el explícito listado de los derechos fundamentales en el articulado de la Constitución, pasando por el variado instrumental para su efectividad (tutela, acciones populares, Defensoría del Pueblo, Corte Constitucional, bloque de constitucionalidad, etc.) y una mayor conciencia en cuanto a la importancia en su protección (compromiso), desde los entes gubernamentales y estatales, hasta importantes núcleos de la sociedad civil, más allá de la izquierda y de la oposición.

Inaceptable, entonces, el uso de los asuntos humanitarios como recurso político. El compromiso de todo demócrata es contribuir en la edificación de una sociedad con cero tolerancia a la violación de los derechos humanos. Así, pues, tiene pertinencia el apoyo a las organizaciones de la sociedad civil (domésticas e internacionales) y países del mundo que se encuentran en el empeño de desarrollar una campaña encaminada a defender a los defensores de los derechos humanos. Se anuncia, entre otras actividades, un seminario nacional de periodismo y derechos humanos a principios de diciembre.

Alargue: Se rumora que una gobernación del Caribe fue el pago por enredar la moción de censura en el Senado. ¿Se pagará por "embolatar" la moción en Cámara?

* Constituyente de 1991

Héctor Pineda *