Es una realidad que la mayoría de la población de Putumayo no solo entregó sus ahorros a las operaciones de DMG y DRFE; también les entregó sus proyectos de vida.

Los desempleados vivían de los rendimientos; un buen número de padres de familia se animaron a matricular a sus hijos en universidades privadas, los campesinos empezaron a desestimar la idea de seguir cultivando arbustos de coca; en los últimos meses, muchos se animaron a entregar los ahorros de su vida provenientes de la venta de sus bienes o de la adquisición de créditos bancarios, y hasta varios de los beneficiarios de los programas Familias en Acción y Familias Guardabosques vieron multiplicar los subsidios. Pocos se conformaron con lo que recibieron y la mayoría reinvirtió de manera sistemática en las mismas operaciones, al punto de que de la abundancia de hace unos pocos días hoy literalmente no queda nada.

¿Por qué ocurrió semejante catástrofe? Vale la pena hacer una cronología de los hechos. Durante los años 2005 y 2006 solo los más arriesgados probaron suerte y corrieron la voz sobre el éxito de sus operaciones. Entonces, otros se animaron, hasta que en septiembre del 2007 la Superintendencia Financiera ordenó la suspensión de DMG. Sin embargo, esta trasladó sus operaciones a otra persona jurídica y continuó con sus actividades sin que ninguna autoridad dijera nada al respecto.

Esta situación, en lugar de desestimular las operaciones, desencadenó una enorme confianza entre la población, que llegó a pensar que las dudas sobre su legalidad habían quedado resueltas. Tanto, que no solo se incrementó el número de clientes de DMG, sino que, además, apareció DRFE, que en pocos meses creció como espuma.

Entre septiembre del 2007 -luego de la orden inicial de suspensión de operaciones de DMG- y noviembre del 2008 -en el momento de la insolvencia de DRFE y la intervención de DMG- ninguna autoridad dijo nada sobre estas actividades en Putumayo. Pasó un año en el que miles y miles se animaron a entregar su dinero o a continuar reinvirtiéndolo en medio del silencio del Gobierno.

Sin lugar a dudas, el Gobierno, como autoridad administrativa encargada de velar por el ahorro del público, no actuó de manera oportuna. En mi caso, advertí desde hace dos años a funcionarios del Gobierno sobre lo que venía ocurriendo, y muchos medios de comunicación también hicieron lo propio.
Hasta octubre, el presidente Uribe gozaba en el Putumayo de una desbordante popularidad; hoy ocurre todo lo contrario, pues la gente siente que el silencio de las autoridades es el responsable de la catástrofe.

Putumayo es una bomba de tiempo que requiere respuestas inmediatas. Es necesaria una estrategia muy cuidadosa en el proceso de devolución de los dineros de los clientes de DMG.
Por otra parte, la difícil situación económica en la que ya está el Departamento merece la adopción de medidas ingeniosas de reactivación. Todo un desafío para el Gobierno.

* Representante a la Cámara por Putumayo

Guillermo Rivera Flórez*