La mayoría de las personas saben que las Farc han secuestrado a soldados y policías a los que llaman prisioneros de guerra. Lo que algunas personas no entendemos es cuál es el objetivo del presidente Uribe al desconocer el delito de secuestro cuando pretende que las Farc devuelvan a los militares y policías como si al haber secuestrado no hubieran cometido un delito criminal, sino una broma pesada. En otras palabras, uno tendría que estar muy seguro de que una persona que nos acaba de atracar es muy honrada y no es un asaltante para pedirle que nos devuelva todo el dinero y esperar que lo haga como si el asalto no hubiera ocurrido.
Es una contradicción llamar secuestradores a las Farc y esperar que liberen a las personas que tienen "guardadas", que no secuestradas, como si el deporte de las Farc fuera el de "guardar" personas.
Si somos serios y llamamos a las Farc secuestradoras, lo primero que debemos admitir es que secuestran. El presidente Uribe puede jugar a la política, con su silencio acerca de su candidatura presidencial si lo estima conveniente, pero no puede seguir jugando con la libertad, la salud y la vida de los "guardados", como se deduce de lo que espera del comportamiento de las Farc. Es importante que el presidente Uribe nos explique a la mayor brevedad si él realmente cree que las Farc "guardan" personas que pueden soltar en cualquier parte, o si reconoce que el secuestro es un crimen de lesa humanidad por el que se priva a una persona de su libertad para obtener un beneficio, y que sin ningún beneficio la persona no será liberada. Es necesario que se sepa y se acepte que se requiere de una liberación o concesión urgente de parte del Gobierno para devolverles la libertad a las víctimas de secuestro, devolverles sus familias y devolverles la vida que se les ha robado. El presidente Uribe no puede seguir igualándose a las Farc al negarles hasta el futuro a las víctimas del secuestro.
La 'Operación Jaque' no terminó con el secuestro en Colombia, y la participación de Estados Unidos (por sus tres secuestrados), la de Francia (por Íngrid Betancourt) y la de Israel (con inteligencia y logística) no debe considerarse como una acción espectacular de película para agrandar la imagen del Presidente, si son más los liberados unilateralmente por las Farc que los liberados por las acciones del Gobierno.
Hay tres cosas que el presidente Uribe parece no entender. Que cuando se trata de secuestros, perder es que haya personas secuestradas. Que las concesiones a los secuestradores son preferibles a la tortura, vejámenes, enfermedad y muerte de las víctimas. Que el secuestro se controla y disminuye si las concesiones comprometen los objetivos del secuestrador.
Es falsa la idea de que no negociar con los secuestradores disminuye el secuestro. Lo que sí es una verdad demostrada es que no negociar con el secuestrador sólo perjudica a la víctima y atenta contra ella. No se puede confundir la lucha contra el secuestro, que es una tarea de la Seguridad Democrática, con la salvación y la liberación de las víctimas, que es una urgencia social y humanitaria que debe liderar toda la nación, incluyendo al Presidente. También es importante distinguir entre el secuestro común y el secuestro político. En el secuestro común, los delincuentes no extienden sus plazos, asesinando a la víctima si los pagos no se hacen en el tiempo estipulado. En el secuestro político, mantener a los secuestrados la mayor cantidad de tiempo posible evidencia una fortaleza política, una alta seguridad del secuestrador y un indiscutible poder de control frente a la debilidad del gobierno para siquiera localizar el paradero de las víctimas.
Aquí hay tres elementos: El secuestro, un delito de lesa humanidad; el secuestrador, ejecutor privado, asociado o político; y el secuestrado o víctima de maltrato prolongado hasta que una concesión o liberación lo salve de esa situación. Como se trata de seres humanos, el tiempo de su liberación no puede prolongarse indefinidamente, sino que exige una acción inmediata, porque cada segundo que pasa obra en contra de la víctima. Cada minuto que la víctima pasa en manos del secuestrador es un minuto más de fracaso para la Seguridad Democrática, la libertad y los derechos humanos que demuestra la incapacidad del Gobierno para proteger y defender a sus ciudadanos, y una derrota para toda Colombia.
Que el gobierno del presidente Uribe no haya podido acabar con las Farc en un año y que siete años más tarde requiera mucho más dinero, mayores recursos armados y hasta de fuerza extranjera, como si las Farc fueran hoy más fuertes que nunca, vaya y pase. Pero que las víctimas de secuestro todavía sean exhibidas por las Farc como trofeos, sin que el Gobierno se las quite de las manos aunque para ello deba hacer algunas concesiones, es imperdonable.
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