Ahora más que nunca estoy segura de la necesidad de revisar el funcionamiento, composición, designación, inhabilidades e incompatibilidades de las comisiones de regulación de los servicios públicos.

Pareciera que quienes conforman estos organismos no fueran servidores públicos, ni tuvieran como finalidad primordial el bien común. Digo esto luego de casi diez años de clamar desde el Congreso de la República, citando a debates al Ministerio de Minas y Energía, convocando reuniones públicas en la provincia, insistiendo en la presentación de proyectos de ley, pidiendo en los consejos comunitarios, creando compromisos con los usuarios y generando expectativas, que lamentablemente no se cumplían.
De nada han valido decretos, resoluciones, aplicación de fórmulas y hasta acaloradas discusiones con el Ministro respectivo, quien en reiteradas ocasiones, asombrado y desesperado, confirmó su impotencia para mantener la palabra del Presidente de darles un tratamiento equitativo a los usuarios de la energía eléctrica.

Cómo hablar de competitividad, de desarrollo, de ordenamiento poblacional del territorio, de justicia y equidad, cuando en Bogotá un kilowatio de energía cuesta 268,25 pesos (costo unitario), mientras que en municipios tan importantes para una región como Cundinamarca, como son Cáqueza, Facatativá, Fusagasugá o Girardot, el kilowatio cuesta 396,49 pesos. Una diferencia del 47 por ciento que no tiene explicación alguna. ¿Qué decir de los estratos que deben pagar contribución más impuesto al alumbrado público? Las tarifas son realmente confiscatorias.

Ha sido esta situación el origen de la protesta que lamentablemente ocasionó muertos y heridos en Facatativá y que convocó a la marcha, para anteayer en Girardot, a la que han anunciado que se sumarán otros municipios si no hay solución real a un problema que no aguanta más.

Pero no es situación exclusiva de Cundinamarca. La historia se repite en todo el territorio nacional, por cuenta de una regulación que privilegia a las empresas antes que a los usuarios. Hoy lo que prima es la capacidad de 'lobby' de las primeras, o su capacidad para beneficiarse del fenómeno de la puerta giratoria que permite a no pocas personas pasar de la función pública a la privada. De ser quienes fijan las políticas y las regulaciones, o quienes vigilan y controlan, a ser regulados, controlados y vigilados o viceversa.

Algo similar ocurre con el anuncio de la Comisión de Regulación de Agua de suspender el cargo fijo, clamor de años atrás de quienes consideramos que si bien la ley dispuso mantener el equilibrio de las empresas, este fin no puede estar por encima de la garantía de acceso a los servicios públicos, a lo que el Estado está obligado. Esta comisión está también en deuda con la regulación de la venta de agua en bloque, que por no existir, consiente el abuso de posición dominante de quienes tienen capacidad instalada.

Pero de tanto insistir, veo una luz al final del túnel. Ha dicho el viceministro de Energía que ahora sí, después de nuestra primera reunión con él el 15 de julio de 2004 en Girardot, a partir del consumo de agosto -cuya factura llegará en Septiembre-, los usuarios tendrán una disminución en las tarifas.

Ya era hora, pues los incrementos de tarifas sí comienzan rigurosamente el primer mes de cada año. Ya es tiempo también de pensar en la unificación de cargos tarifarios a escala nacional, para encontrar la fórmula de ajustar las inequidades regionales que solo han traído crecimiento urbano desmedido y cordones de miseria en las ciudades, de quienes buscan servicios públicos baratos.

* Presidenta del Senado

Nancy Patricia Gutiérrez