El Gobierno debe democratizar los precios de los combustibles.

Continúa desbocada el alza de los precios de los combustibles, sin que el Gobierno tenga un argumento para justificarla, distinto a que Ecopetrol aprovecha la oportunidad de ser un monopolio, en el negocio del petróleo. Los últimos ministros de Minas y Energía, sin rodeos y ante las críticas y reclamos por los altos precios de los combustibles, han respondido que Ecopetrol maneja precios de oportunidad. No obstante, y sin ruborizarse, lanzan infundios, para confundir al público desinformado: que el Gobierno subsidia los combustibles. Que existe el fondo de estabilización de precios.

¿Cuál estabilización? Nunca se han estabilizado. Están entre los más caros del hemisferio, a pesar de ser un país productor y exportador. Evitan decir que la causa real es la meta de obtener la máxima utilidad anual, para hacer fácil y atractiva la venta de la gallina de los huevos de oro y obedecer las órdenes del gobierno financiero transnacional. No es sana ni honesta la política de precios de combustibles al consumidor, que el Ministro defiende.

Estados Unidos es origen y meca de la religión del mercado. Allá, el negocio de los combustibles es absolutamente de particulares y lo aplican y mantienen para ganar dólares. Allá, para marzo 26 del 2012, el máximo precio era de 4,24 dólares/galón y el precio medio, de 3,89 dólares, o sea, de 6.936/galón (pesos colombianos), siendo neto importador de crudo.

En Colombia, en la misma fecha, bordeaba los 9.000 pesos el galón en surtidor, y sigue subiendo. Allá, el ingreso per cápita es superior en más de ocho veces al colombiano y los índices de indigencia, pobreza, desempleo y subempleo son muy inferiores a esos índices colombianos.

El precio de los combustibles debe tener correspondencia inequívoca con los costos reales de producción y la tasa impositiva y de ganancia. En Colombia depende de las órdenes impuestas por el FMI, el Banco Mundial y las transnacionales petroleras. A esta circunstancia se agrega la política de precios, que garantiza el Gobierno a los productores de etanol. Más de 8.900 pesos/galón, más lo que pierde el fisco por estar exento de IVA (más de 1.424 pesos/galón), más las deducciones y exenciones de la confiscatoria seguridad inversionista. Es preferible que lo importe de Brasil o EE. UU., donde cuesta entre 2 y 3 dólares el galón (máximo 5.340 pesos/galón).

Algo similar ocurre con el biodiésel. En Colombia, producir una tonelada de aceite cuesta 350 dólares; en Malasia, 250 dólares, y en Indonesia, 150 dólares. Lo que indica que es preferible que lo importen, y que los suelos cultivados con palma o destinados para ese propósito los dediquen a la producción agrícola y ganadera, con destino a sustituir importación de alimentos y a la exportación. Recordemos que Colombia importó en el 2010 más de 10 millones de toneladas de alimentos y solo exportó 4,5 millones de toneladas de productos agrícolas, correspondientes mayoritariamente a café y flores. Y que solo 3,9 millones de hectáreas están cultivadas, de los 21,5 millones aptas para esos fines.

El socorrido argumento de combustible limpio, etanol y biodiésel es absolutamente insostenible. Investigaciones han concluido que la contaminación que ocasional la producción de etanol, junto con la liberación de gases invisibles en su quema, es superior a la contaminación causada por la producción y el consumo de hidrocarburos.

Las políticas de precios de etanol y biodiésel riñen con los sanos criterios de desarrollo con equidad. El presidente Santos ha hecho sensatos y ambiciosos planteamientos y anuncios sobre desarrollo equitativo, destinados a reducir la miseria, la pobreza y la informalidad. Es condición inaplazable que diseñe y aplique políticas sensatas y racionales sobre precios de combustibles. Las que está aplicando las heredó de anteriores gobiernos. En el alto costo del transporte de carga y pasajeros tiene gran incidencia el alto costo de los combustibles. Es pertinente tener en cuenta que más del 85 por ciento de la carga, equivalente a más de 265 millones de toneladas anuales, es transportada por carretera y sobre ella recae el alto precio de los combustibles, con el inevitable efecto en los precios al consumidor, cuando la mayoría es pobre y sobrevive en la informalidad.

La racionalidad económico-social debe dominar en el diseño de políticas de desarrollo nacional, de manera que sean consonantes con un real criterio democrático y de equidad social.

Si los términos de los contratos de asociación y concesión celebrados con multinacionales dificultan la adopción de políticas de precios equitativos minoristas para los combustibles, el Gobierno podría exportar todo el crudo producido en el territorio nacional y venderlo a precio internacional y, como gesto de responsabilidad social y política, autorizar a distribuidores de combustibles, importarlos de países vecinos, en los que el precio al consumidor minorista es muy inferior al precio colombiano. En Venezuela y Ecuador no supera los 300 pesos/galón y los 3.500 pesos/galón (1,9 dólares/galón), respectivamente. Sin aranceles. Las máximas ganancias las obtiene Ecopetrol, vendiendo su crudo a precios de oportunidad en el mercado internacional.

El Gobierno debe democratizar los precios de los combustibles. Los departamentos de frontera consumen combustibles con precios que no superan los 5.500 pesos/galón. Más del 40 por ciento de colombianos consumidores de combustibles lo compran a precio no superior a 5.500 pesos. ¿Por qué el resto de consumidores tienen que pagarlo por lo menos 60 por ciento más caro? ¿Son dividendos de la democracia?

Colombia ya tiene que importar más de 60.000 barriles/día de combustibles, porque a pesar de que la producción nacional de crudo supera los 900.000 barriles/día, el precario estado de las refinerías impide satisfacer la demanda diaria, que supera los 185.000 barriles. De acuerdo con voces oficiales, la recuperación y optimización de las refinerías demanda varios años y la inversión de miles de millones de dólares.

Esto nos indica que el Gobierno debe aplicarse a resolver los problemas diagnosticados y reconocer el sistema de producción de hidrocarburos y comercialización de combustibles y, rápidamente, diseñar y aplicar políticas integrales a esa industria, y de precios al consumidor final, acordes con el sentido de equidad y con la realidad nacional.