En 1993, bajo el liderazgo del economista social Juan Luis Londoño, se promulgó, en medio de gran expectación, la Ley 100, sustentada en principios éticos y técnicos a todas luces consistentes, no obstante que permitían ser permeados por manos inescrupulosas, tal como se puso en evidencia poco después.

El mismo inspirador de la ley, en una intervención en el seno de la Academia Nacional de Medicina, advirtió que, si los decretos reglamentarios no la blindaban adecuadamente, podía ir al fracaso. Sus palabras predictorias se cumplieron.

Hace poco menos de veinte años que el sector sanitario ha estado manejado al tenor de la Ley 100.

Si comparamos -despojados de toda prevención apasionada, de todo fundamentalismo- la situación anterior con la vivida durante la vigencia de la ley, tendrá que aceptarse que ha habido cambios sustanciales a favor de la salud de los colombianos. Se cuenta con una política de Estado estable, que asegura su continuidad sin importar los gobiernos de turno.

Según indicadores válidos, Colombia ha venido elevando su estándar sanitario de manera evidente y sostenida, con muy contadas excepciones; el cubrimiento en salud abarca a casi la totalidad de la población; la inequidad ha quedado atrás, demostrable por la desaparición de las instituciones de beneficencia y por el derecho que asiste a los enfermos, de cualquier condición social, a recibir atención de alto nivel técnico en igualdad de condiciones a las de sus demás compatriotas, principio este recordado y consagrado mediante fallo reciente de la Corte Constitucional.

Por supuesto que ella adolece de muchos y graves defectos, aprovechados sin contemplación por los corruptos, con desmedro de la calidad de la atención. En repetidas ocasiones, las instituciones médicas nacionales han puesto el dedo en la llaga y han clamado por que se corrijan las fallas.

El actual gobierno, en cabeza de su Presidente, ha recogido esas inquietudes y ha prometido poner coto al desbarajuste con eficacia y severidad. Sin embargo, se tiene la impresión -bien fundada- de que los correctivos no van a tono con la gravedad de la enfermedad.

La Academia Nacional de Medicina, convencida de que el cuerpo médico cumplió con creces su papel de vigilante acucioso del estado de salud de sus compatriotas, denunciando públicamente los vicios del sistema, ha creído conveniente dar por terminada la etapa de "destape" -es decir, la fase descriptiva- y pasar a otra, sin duda más importante: la prescriptiva.

Con tal objeto ha convocado a las organizaciones representativas de los médicos para que, en cabeza de sus presidentes, nos constituyamos en una Gran Junta Médica y procedamos a seleccionar los agentes terapéuticos indicados, que permitan extender la fórmula salvadora.

Tenemos a nuestro haber el conocimiento a fondo del paciente y la identificación clara de la enfermedad que padece. Además, hemos adoptado como guía el principio de que la salud es un derecho fundamental, que debe ser facilitado y tutelado por el Estado, tal como lo establece nuestra Carta Política.

Esa Gran Junta Médica (compuesta por la Academia, la Federación Médica, la Asociación de Sociedades Científicas, el Colegio Médico y Asmedas) ya ha comenzado a trabajar. El país puede estar confiado en que, como en muchas otras ocasiones, los médicos nos entregaremos a su servicio, con la mira puesta en la defensa de los dos mayores bienes de cualquier ser humano: la vida y la salud.

Fernando Sánchez Torres