La amplia discusión planteada en el marco de la construcción del Plan Decenal de Educación 2006-2016 puso en evidencia el interés de los colombianos en la forma como se evalúa el aprendizaje y como se realiza la promoción de los estudiantes. Fue este el tema más discutido por padres de familia, estudiantes, docentes y directivos. Ante las reacciones frente al sistema de evaluación reglamentado en el Decreto 230 del 2002, convocamos un debate nacional en el 2008. Talleres, foros regionales, el Foro Nacional, la participación virtual en el portal Colombia Aprende y la consulta en la página del Plan Decenal brindaron el escenario para la participación de 48.968 personas.

Escuchamos las opiniones de todos: de los padres que, en muchos casos, no entienden o no comparten la evaluación; de los estudiantes, que no sienten bien valorados sus esfuerzos o debilidades; de los educadores, para quienes la evaluación está íntimamente ligada a su propuesta pedagógica. Quedó claro que la comunidad educativa reconoce una relación estrecha entre calidad de la educación y evaluación y que esta última debe responder al proyecto pedagógico.

La apreciación que se expresó con fuerza en la discusión sobre el "impacto negativo" de la aplicación del Decreto 230 en la calidad de la educación no está comprobada. Por el contrario, los indicadores muestran que, paralelamente a un aumento significativo de cobertura en la última década, hay evidencias, en pruebas internacionales, de un mejoramiento de la calidad de la educación colombiana en términos relativos. Entre 1997 y el 2006, Colombia mejoró su posición entre los países latinoamericanos al ubicarse por encima del promedio regional en lectura y matemáticas. En TIMSS, prueba en la que participan los países desarrollados, entre 1995 y el 2007, los promedios de los estudiantes colombianos mejoraron en 20 puntos en matemáticas y ciencias, el segundo avance más significativo entre los países que presentaron la prueba. Sin embargo, para ser competitivos todavía estamos muy lejos de los que obtienen los mejores resultados y representa un reto enorme el mejoramiento de la calidad educativa para la innovación y la competitividad del país.

Mejorar la calidad y recoger las posiciones del debate es lo que buscamos con el nuevo decreto. Teniendo en cuenta que la Ley 115 estableció la autonomía de las instituciones para determinar sus proyectos educativos y que la posición mayoritaria del debate expresó la necesidad de que la evaluación responda al enfoque pedagógico, extendimos la autonomía a la evaluación. En la nueva reglamentación se establecen los elementos que constituyen el sistema en cada institución: objetivos, escala de valoración, criterios de promoción e instancias de resolución de diferencias.

Como estos elementos se definen para cada institución, en el caso de las escalas se determina la obligatoriedad de establecer equivalencias con una nacional para facilitar la movilidad de los estudiantes.

También se regula la forma en que el Estado ejerce su responsabilidad de fijar estándares comunes y evaluar la calidad de la enseñanza. Este ha sido un propósito central de la Revolución Educativa. Hemos definido los estándares de competencias básicas y ciudadanas para todos los niveles educativos y, a través de pruebas periódicas, medimos los desempeños de los estudiantes. Por esto, el Icfes desarrolla pruebas para los estudiantes al final de las etapas, y desde el 2006 evalúa, cada tres años, el desempeño de los alumnos de 5o. y 9o. grados, y su examen proporciona información sobre la calidad de los alumnos que terminan el bachillerato.

Aunque no está exento de controversias, estamos seguros de estar entregando al país un decreto maduro, producto del aprendizaje y la reflexión, consecuente con la convicción de que las decisiones pedagógicas son del ámbito de las instituciones educativas y están en cabeza de los docentes, con participación de los padres y los estudiantes.

* Ministra de Educación

Cecilia María Vélez*