El 22 de agosto se cumplieron 42 años de una de las protestas cívicas más violentas ocurridas en el siglo XX en el Chocó. Ese día de 1966 surgió un movimiento de inconformidad, liderado por un grupo de estudiantes del Colegio Carrasquilla, que exigieron suministro de agua y energía eléctrica más eficiente en Quibdó.

Una escaramuza estudiantil se convirtió, con el paso de las horas, en el motor que exacerbó el sufrimiento de un pueblo, que reaccionó contra el gobierno central por la falta de servicios públicos, vías de comunicación y fuentes de trabajo.

Pronto, las exigencias de los estudiantes se transformaron en una protesta generalizada de los chocoanos, especialmente por los incumplimientos en la ejecución del Plan General de Obras Públicas, que se había suscrito 38 años atrás en el gobierno de Miguel Abadía Méndez, y refrendado en el mandato de Gustavo Rojas Pinilla, luego del levantamiento de las protestas contra la desmembración del departamento en 1954.

De hecho, Rojas se comprometió ejecutar las mismas obras prometidas por Abadía Méndez, que consistieron en construcción de carreteras, puertos y programas de electrificación, saneamiento básico y de fomento industrial, desde luego, con pocos resultados.

El 22 de agosto de 1966 habían pasado 12 años de las promesas de Rojas y los chocoanos seguían sufriendo los mismos problemas. Por eso, las polvorientas y apacibles calles de los principales centros urbanos, en menos de 24 horas se transformaron en escenario de turbas enardecidas, que dejaron como saldo destrozos, muertos, cientos de heridos y la firma de otro acuerdo de obras.

En conclusión, en estos últimos 42 años se han firmado otros tantos acuerdos de construcción de obras públicas entre los chocoanos y el Gobierno Nacional, después de protestas cívicas, y la mayoría de las peticiones siguen siendo las mismas de hace 80 años.

El balance en los 80 años que van desde que se firmó el acuerdo con el gobierno de Abadía Méndez, en los 54 de haberse pactado la construcción de las mismas obras en la administración de Rojas Pinilla y en los 42 de  los trágicos hechos de 1966 ,en el cuatrienio de Lleras Restrepo, es completamente sombrío: el Chocó sigue siendo el departamento más pobre del país, con los índices de calidad de vida más bajos, en donde el 35 por ciento de la población no tiene acceso al servicio de energía eléctrica, el 10o por ciento no cuenta con agua potable y sólo un 25 por ciento tiene servicio de alcantarillado y más de 90 por ciento de sus habitantes vive con menos de dos dólares diarios.

Increíblemente, la mayoría de las obras públicas que se han construido son resultado de los acuerdos luego de los paros cívicos y los desastres naturales. Sin embargo, en honor a la verdad, tenemos que decir que no todas las responsabilidades y las causas del atraso de la región son imputables al Estado. Los chocoanos tienen una cuota de responsabilidad muy grande en sus niveles de atraso.

Siguen teniendo una clase dirigente incompetente y corrupta y, como hemos afirmado en otras oportunidades, mientras esta desvergonzada dirigencia continúe empotrada en el poder y no exista sanción moral y conciencia colectiva sobre la importancia de que la administración sea eficiente y transparente en el manejo del patrimonio público, va a ser muy difícil que los chocoanos salgan del atolladero.

Porque el camino más fácil que han encontrado sus dirigentes y la mayoría de los gobernados es culpar al Estado de ser el responsable del abandono y la miseria, cuando en realidad los mayores responsables del caos administrativo imperante en la región son los propios chocoanos.

Y lo más lamentable es que tienen a un gobernador seriamente cuestionado por diversos hechos de corrupción, y los dos representantes de la región en el Congreso son investigados por la Corte Suprema de Justicia, uno por vínculos con el narcotráfico y el otro por lesiones personales y escándalos de faldas.

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José E. Mosquera