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La moral de combate se puede estimular de diversas formas, pero la peor es ofrecer recompensas por cada enemigo eliminado. La ganancia crea el mercado, como sucede en todos los negocios, y los mercados se organizan en oferta, demanda e intermediación. La sociedad demanda seguridad y aparece un mercado de resultados, que reparte dividendos por colaboración entre socios que concurren a producir y vender cada resultado.

Los enemigos más costosos y difíciles de eliminar son los verdaderos enemigos, que se encuentran armados, escondidos en sus zonas de refugio, con habilidad para eludir el combate y con campos minados y francotiradores para impedir que se acerquen las tropas oficiales. Allí los resultados exigen sacrificar casi tantas vidas propias como enemigos caídos en verdadero combate.

La manera menos arriesgada para capturar ganancias en el mercado de las recompensas es contratar a los candidatos para un trabajo, financiar su viaje a otra jurisdicción, lejos de sus dolientes, y entregarlos para "legalizar" como muertos de la guerra. En este punto es donde aparecen los intermediarios. Ellos intercambian resultados positivos en las cifras de la seguridad por recompensas en dinero o, en los casos más graves, por otras mercancías que también dependen de las fuerzas de seguridad, pero esta vez de manera negativa, que se mide en omisiones.

Entre más positivos acumule un militar en la lucha contra el "terrorismo", menos resultados se le piden contra los dueños de las bandas armadas del crimen organizado. Estos últimos tienen un interés evidente en colaborar para lograr los positivos, a cambio de que no dirijan sus fuerzas contra ellos. Los positivos, incluso, pueden involucrar a miembros desechables de sus propias bandas. Los resultados se convierten en ganancias para el intermediario.

Lo anterior explica en parte el balance contradictorio de la seguridad democrática, pues ha dado de baja a más guerrilleros y paramilitares que cualquier gobierno anterior y, al mismo tiempo, no ha podido impedir el resurgimiento de bandas armadas emergentes bajo control del narcotráfico. La estrategia de las recompensas por colaboración les permite a algunos oficiales mantener alianzas subterráneas con las mafias y reconstruir el anterior esquema de complicidad con formas de seguridad privada, camufladas en la gran lavandería de la lucha antiterrorista.

Nunca es tarde para lo verdaderamente importante, que es dirigir la fuerza pública de tal manera que el triunfo contra un adversario como las guerrillas no signifique la derrota del país frente a los dueños del crimen organizado.

Colombia ha hecho un gran esfuerzo presupuestal para fortalecer sus Fuerzas Armadas y, como toda inversión pública, debe producir beneficios para todos. Debe corregirse el error de destinar parte de esos recursos para crear un mercado de delaciones y recompensas para estimular la generación de resultados positivos. Es mejor que la alianza de las Fuerzas Armadas no sea con cooperantes interesados en ganancias, sino con el conjunto de los ciudadanos, y que sea estimulada por el deber de colaborar con la seguridad colectiva.

El premio de los militares debe ser el reconocimiento social de haber reconquistado la seguridad respetando los derechos humanos, el código de honor de su Ejército y la ética de su oficio.

La seguridad es un bien público que debe ser mejor distribuido entre las víctimas de las guerrillas y las víctimas de los paramilitares, para que ambos tipos de víctimas tengan la posibilidad de reconstruir sus proyectos de vida. No habrá reparación de las víctimas de los paramilitares si no se eliminan los nuevos grupos armados del narcotráfico y sus estructuras regionales de captura del Estado, con los cuales defienden el botín de los presupuestos, los contratos y las tierras.