El muy importante informe de la Comisión de la Verdad sobre el Palacio de Justicia, tan necesario para descubrir la verdad de lo acaecido en la toma del Palacio, sobre sus antecedentes y sobre la actuación del Gobierno y de la Fuerza Pública, tiene un punto que llama la atención: la solicitud al  Ministerio de Educación para que revise los textos de historia en lo referente a las causas, los hechos y las consecuencias de la toma del Palacio de Justicia.

Aunque la Comisión de la Verdad no tiene el carácter de jurisdiccional, es decir, no actúa como organismo del Estado para impartir justicia, sí está conformada por magistrados o ex magistrados, uno de ellos actual presidente de la Corte Constitucional, y por ello refleja el modo de pensar de las altas cortes.

Ese modo de pensar al que me refiero es el que se ha denominado el "gobierno de los jueces", por el cual las cortes ordenan más allá de lo pertinente al proceso o procedimiento que fallan, mediante instrucciones de carácter general con fuerza de ley, pues el que no las cumple puede ser sancionado.

El asunto toma especial relevancia cuando lo que se ordena es revisar los textos de Historia para que se adopte tal o cual interpretación de la misma.

Resulta que en el estudio de la Historia nunca ha habido objetividad absoluta, los hechos históricos son interpretados en sus causas y consecuencias de acuerdo con la pericia del historiador y de la escuela historiográfica a la que pertenezca. Sí, porque en el estudio de la Historia también hay escuelas: están el materialismo histórico, el positivismo, quienes abordan la Historia desde el punto de vista del género, la nueva Historia, que le da más importancia a los aspectos sociales que a los individuales, etc.

No es lo mismo un artículo sobre el Palacio de Justicia elaborado por un militar que uno escrito por un antiguo miembro del M-19. Los puntos de vista difieren, y en esto hay que tener en cuenta que los militares son amantes, por su formación, de escribir sobre Historia; también en el M-19 había mucho historiador, o tenía la simpatía de muchos de ellos, que compartían su posición política de izquierda radical.

Seguramente, no será lo mismo un estudio que se lleve a cabo sobre el tema por el Departamento de Historia de la Universidad Nacional que uno que elabore su homólogo de la Universidad Externado de Colombia, o el de la Universidad de los Andes o el de la Universidad del Rosario.

¿Cuál será el texto que deberá acoger el Ministerio de Educación Nacional?

El estudio de la Historia está bastante politizado; y con razón, pues tiene que ver con la concepción de la sociedad que tenga el historiador. De pronto, con esa sugerencia la Comisión de la Verdad está siendo un poco ingenua y está abriendo la puerta para que luego, en fallos de tutela, jueces de todas las categorías, siguiendo el ejemplo dado por ella, empiecen a dar órdenes sobre lo que debe incluirse en el pénsum de Historia en los colegios.

Ahí vienen las preguntas: ¿Hasta dónde un juez puede decidir sobre el contenido de un texto escolar? ¿Están los jueces capacitados para ello? ¿Tienen los jueces mejor preparación en Historia y en pedagogía que los mismos historiadores y que los pedagogos especializados en esta disciplina? ¿Será este un nuevo asunto para que los colegios sean demandados por la vía de tutela por los padres de familia, en razón de sus militancias políticas?

El enredo puede ser mayúsculo y se corre el riesgo de que le toque al Ministerio de Educación establecer la Historia oficial por decreto, y sancionar a quienes difieran de sus parámetros, como ocurre y ha ocurrido en los regímenes totalitarios.

Luis Carlos Zamora