Pertenezco a la mayoría de los colombianos que celebran el lanzamiento de las negociaciones de paz. Y creo también que tiene unas posibilidades reales de éxito. Para ello será necesario superar las raíces de los problemas que han dado lugar a la violencia, entre ellos la incompleta apertura del sistema político, el paramilitarismo y la eliminación de los mecanismos de financiamiento de la guerra que ha utilizado la guerrilla.

En el terreno económico, la inequitativa distribución de la propiedad rural estuvo en la raíz histórica del conflicto. La reforma agraria ha avanzado siempre con cuentagotas en nuestra historia, pese a múltiples leyes aprobadas a lo largo del tiempo.

En las zonas de conflicto será necesario, en particular, aplicar firmemente el concepto de zonas de reserva campesina que introdujo la reforma de 1994, que promoví, y reconstruir el debilitado aparato de apoyo a la economía campesina. Y debe contar con la plena aplicación de la Ley de víctimas y restitución de tierras, tal vez la mayor contribución a la paz de los últimos tiempos.

Pero el problema colombiano va más allá de los problemas rurales, que ya hacen parte de la agenda. Se trata de un sistema económico y social que genera altísimos niveles de desigualdad. Siempre hemos estado entre los peores en este campo en América Latina, pero la mayoría de nuestros vecinos ha mejorado.

Como resultado de ello, hoy tenemos algunos de los peores indicadores de desigualdad de la región y, por ende, del mundo. Por ejemplo, el ingreso promedio del 10 por ciento de la población más rica es 23 veces el del 40 por ciento más pobre, un guarismo peor que el de Guatemala, el país con el que competimos en este vergonzoso campo.

Este problema no se podrá resolver sin discutir las fuerzas que producen esos niveles de desigualdad, en particular nuestro modelo económico y social, es decir, cómo se generan las oportunidades educativas y laborales y cómo desarrollamos un sistema universal de protección social que iguale lo que el mercado desiguala. Esto significa más impuestos y, en particular, más impuestos que generen efectos redistributivos.

La comparación con los países industrializados es diciente: ellos tienen una mejor distribución del ingreso de mercado, pero sobre todo redistribuyen mucho más mediante un impuesto de renta muy progresivo que permite contar con mayores recursos para el gasto social. Su desigualdad se reduce un 37 por ciento por la vía fiscal; nosotros, apenas un 8 por ciento.

Para mejorar nuestros vergonzosos niveles de desigualdad, habrá que hacer, por lo tanto, una reforma tributaria integral, que tendrá que eliminar la proliferación de beneficios tributarios específicos creados en épocas recientes y hacer tributar más al que en la práctica es nuestro sector líder, la minería.

José Antonio Ocampo
Profesor de la Universidad de Columbia (EE. UU.)