A propósito de la propuesta del alcalde Petro y su desafortunado anuncio sobre la creación de centros de consumo controlado, y teniendo en cuenta que corresponde a un componente de asistencia y resocialización del adicto, algunas reacciones pusieron en evidencia la adicción a la prohibición que padece parte de nuestra sociedad.

Quisiera compartir algunas reflexiones, teniendo en cuenta el esfuerzo que hemos realizado para apoyar a las personas adictas a sustancias psicoactivas adictivas (SPA) desde hace varios años y cuyo resultado ha sido la reciente sanción presidencial a la llamada 'Ley Galán' o 1566 del 2012.

Colombia ha dado grandes pasos para enfrentar las drogas y la lucha contra el narcotráfico desde nuevas perspectivas. Primero, bajo el liderazgo del jefe de Estado, la VI Cumbre de las Américas abrió a nivel continental el debate sobre la necesidad de replantear las políticas sobre consumo en la región.

Colombia hizo sentir su liderazgo en Washington cuando el presidente Obama, recién llegado de Cartagena, le puso oficialmente fin a la guerra contra las drogas al anunciar que por primera vez Estados Unidos invertiría más recursos en salud pública y prevención que en prohibición y castigo.

Posteriormente, la Corte Constitucional volvió a tratar la despenalización de la dosis mínima recordando que esta no puede ser castigada con cárcel y, finalmente, el pasado 31 de julio, la Ley 1566 que presenté al Congreso recibió sanción presidencial para su promulgación.

Es la primera vez en la historia de Colombia que una ley reconoce la adicción como enfermedad, la drogadicción como un asunto de salud pública y que obliga al Estado a garantizar el tratamiento médico consentido para quienes reconozcan su adicción y abuso.

Por esto, el trabajo de reglamentación que viene adelantando el Ministerio de la Salud y de la Protección Social, en el marco de su Política Pública Nacional de Prevención y Atención a la Adicción, representa el soporte vital para que la recién nacida legislación se cumpla y los entes territoriales la asuman como instrumento para el tratamiento del consumo.

La adicción en Colombia requiere de una oferta integral desde la familia, el sistema de salud, el sistema educativo y el medio laboral para que los tratamientos de rehabilitación tengan probabilidades de éxito, no de propuestas aisladas que tienen bondades, pero torpemente presentadas generan confusión y rechazo.

El asunto es tan complejo que en nuestro país es imposible desligar la salud mental, reconocida como principal problema de salud pública nacional, de la adicción a sustancias psicoactivas adictivas.

Solo como un ejemplo, tenemos apenas mil psiquiatras certificados para tratar una población potencial de 44 millones, lo que muestra los desafíos que enfrentamos en materia de salud pública y que fueron desatendidos desde la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.

Estudios realizados por Estados Unidos, citados por Naciones Unidas, indican que la adicción a SPA les han costado a los norteamericanos hasta el 0,9 del PIB.

La administración distrital debe liderar un proceso de reglamentación integral de la Ley 1566 en Bogotá, con el concurso de la Secretaría de Salud, la experiencia invaluable de la red de clínicas y hospitales del Distrito, y el apoyo que pueden prestar las organizaciones de la sociedad civil.

El éxito de este esfuerzo en la capital se convertiría en una vitrina nacional e internacional, para el propósito de abandonar definitivamente una política adicta a la prohibición, costosa y fracasada.

Juan Manuel Galán P.
Senador de la República