Para no cambiar las reglas por el camino, es claro que urge prohibir la reelección inmediata -a partir del 2018- y ampliar el período, si es el caso, a cinco o seis años.

Es indudable que haber modificado la Constitución para permitir la reelección presidencial inmediata de su promotor y único beneficiario cambió para mal la vida política colombiana.

Como candidato, en mayo del 2002, Álvaro Uribe dijo no ser partidario de esa figura porque podría caerse en la tentación de perpetuarse en el poder. Ya como Presidente, hizo todo lo contrario: mediante el hábil mecanismo de negarlo en público y estimularlo en privado con parlamentarios y funcionarios suyos de impacto en la opinión, como la embajadora Noemí Sanín, logró convertir el tema en punto central de la agenda pública.

Muchas cosas pasaron desde que el entonces consejero presidencial Fabio Echeverri dijera que, para complacer al nuevo mesías, bastaba cambiar un "articulito" de la Constitución.

A consecuencia de ese "terremoto" verbal desaparecieron lealtades; reconocidos senadores liberales abandonaron su partido para facilitar la aprobación de la propuesta; el conservatismo renunció a presentar candidato y sus parlamentarios, excepto Telésforo Pedraza, desconocieron las orientaciones del expresidente Pastrana; Yidis y Teodolindo (hasta hoy los únicos condenados por ese cohecho) cambiaron sus votos por prebendas burocráticas, aun cuando no fueron los únicos; los congresistas uribistas (casi los mismos santistas de hoy) atropellaron el reglamento y se autorrechazaron claros impedimentos.

A esta fecha, dos ministros de Uribe aún afrontan procesos penales por la misma causa, mientras otros han sido cobijados por el dulce manto de la prescripción. Y recuérdese que dos ministros del actual gobierno, reconocidos antiuribistas de hoy, no solo impulsaron a rajatabla el proyecto, sino que pidieron ser ponentes de la iniciativa. Fue un extraño cambio constitucional.

Muchos de quienes ahora encuentran nociva esa reforma constitucional con nombre propio fueron en su momento defensores a ultranza del más duro golpe a la Constitución de 1991, que tenía como filosofía política prohibir todas las reelecciones. ¡Vivir para ver, solía decir López Michelsen!

Así, en la práctica, el período presidencial pasó de cuatro a ocho años. Por eso, lo primero que se le pregunta a un nuevo Presidente es si aspirará a un segundo mandato y el gobernante se siente permanentemente en campaña. Con período de cuatro años, sin reelección, el mandatario, desde el primer día, giraba contra su popularidad, pues su compromiso era cumplir las metas de gobierno sin importar las encuestas.

Al presidente Santos le han querido cobrar, mas allá de lo razonable, una popularidad dizque "apenas" del cincuenta por ciento, cifra que hubiera envidiado cualquiera de sus predecesores antes de la reelección: Gaviria, padre de la Constituyente, bajó a poco más del veinte por ciento de popularidad (motivo apagón o fuga de Escobar). Pastrana nunca perdió la gobernabilidad con niveles de popularidad cercanos al treinta por ciento.

Contra toda evidencia, a Santos lo miden por los atípicos niveles que alcanza Uribe, dado su particular estilo de gobernar asociado a su eventual reelección. ¿En cierto modo -manes de la reelección- el Presidente está "condenado" a presentar su candidatura a riesgo de que le acaben prematuramente su gobernabilidad? Para no cambiar las reglas por el camino, es claro, entonces, que urge prohibir la reelección inmediata -a partir del 2018- y ampliar el período, si es el caso, a cinco o seis años.

Este diario, El Espectador y el procurador Ordóñez han pedido explicaciones por el insólito traslado del mayor Maldonado -condenado por el atentado contra Wilson Borja y el asesinato de una humilde vendedora de tinto- de La Picota a una guarnición militar, de donde ya se había fugado. ¿Cuáles serían las razones reales? Averígüelo, Vargas... ¿O el Procurador?