De la escritura de un exgobernador, a propósito del entuerto en que se encuentra enredado el prófugo 'Doc Ternura', salió la frase según la cual "a los administradores, cuando administran, no les queda más remedio que creerse el cuento", queriendo con la frase, al igual que las declaraciones del falso comandante Saldaña, aliviar o exonerar de responsabilidad al excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo por los delitos contra la administración pública derivados de la denominada "falsa desmovilización" del también falso frente 'Cacica la Gaitana' de las, esa sí, reales y desalmadas guerrilla de las Farc.
 
    Reflexionando sobre la frase expresada por el exgobernador, más allá de si con las admoniciones tiernas se genera un clima de opinión favorable que ayude a que el "Doctor fugitivo" regrese, "manso y en paz",  a responder ante los jueces de la República, en estos asuntos de lo público de lo que se trata, no otra cosa,  es de que el mencionado exfuncionario explique ante los estrados judiciales las razones de su conducta en el ejercicio de las funciones públicas que le correspondió asumir como Consejero de Paz, dando la cara y, por supuesto,  no desde la clandestinidad y con los trinos de José Obdulio Gaviria (¿apología del delito?) tratando de imponer tinte de asunto político a lo que, sin ser tan jurista como se autoproclama el exasesor presidencial José Obdulio, es un asunto puramente jurídico de eventuales delitos cometidos, por acción o por omisión, contra la administración pública.
 
    En lo público, debe saberlo bien el exgobernador que se cree el cuento (también tengo entendido que fue procurador, ministro, catedrático universitario, constituyente y juez) de que todo funcionario, sin excepción, en cumplimiento de sus atribuciones se encuentra sujeto a los procedimientos establecidos por la ley. Hacer más allá de lo legalmente posible, del abecé de la administración,  es una extralimitación,  sancionable, y al contrario dejar de hacer, por miedo o por ignorancia,  es una imperdonable omisión,  igualmente castigable. Así, bajo el rigor de la ley, aunque dura,  se encuentran sometidos los servidores públicos, y la ignorancia de la norma, aunque se invoque por labio propio o ajeno,  no exime de responsabilidades.

    En el tema de las desmovilizaciones, debía saberlo el excomisionado Restrepo, por muy loable que pudiera ser la labor de desmovilizar criminales del paramilitarismo o asesinos 'farianos', lo uno y lo otro son asuntos sujetos al rigor de los procedimientos legales. Por muy vivo que fuera 'Saldaña' y muy "tiernos" (¿bobos?) los funcionarios civiles y militares encargados del asunto de las desmovilizaciones, la obligación, no otra, era establecer todas las verificaciones  para evitar el engaño que, por supuesto, tiene costos para el Estado y se constituye en elemento de nuevas investigaciones por detrimento patrimonial. ¿Acaso se le olvidó exigir al excomisionado las actas de dejación de armas establecidas por los organismos de inteligencia? ¿Quién en el Ejército, la Policía o en el desaparecido DAS corroboró la información de inteligencia sobre la existencia de la tal 'Cacica la Gaitana'? ¿Puso Restrepo en conocimiento de las autoridades cuando sospechó que había sido engañado o guardó silencio cómplice? Preguntas que tendrá que responder Luis Carlos Restrepo cuando, bien sea porque lo capturan o voluntariamente, comparezca ante la majestad de la justicia, así le desagrade a José Obdulio y, pareciera, a su expresidente patrón.
 
    Entonces, lo público, con rigor, es más que un cuento para creerse. Se requiere de conocimientos para su ejercicio. Ello explica la razón de la existencia de todo tipo de normas y requisitos. Así pues, más temprano que tarde,  por vivos o por bobos, tendrán que responder.
 
Alargue: el mínimo vital de agua potable, ojalá se replique en la geografía nacional. Asunto de vida.
 
* Constituyente de 1991