Transporte escolar

Transporte escolar

La movilidad escolar está ligada de un modo muy estrecho a la calidad de vida de los estudiantes.

02 de marzo 2017 , 12:00 a.m.

¿Y tú cómo llegas a estudiar? Una pregunta simple para la cual he recibido respuestas tan variadas como: caminando, en bici, en ruta escolar, en la línea (transporte público rural), “voy cuando mi novio me lleva en la moto” o “pailas” (léase: no llego, he dejado la escuela por falta de transporte).

La movilidad escolar está ligada de un modo muy estrecho a la calidad de vida de los estudiantes, los maestros y las familias, y al acceso efectivo a la educación. Se ve de todo: desde caravanas emocionantes de chicos en bicicleta yendo por carriles de uso exclusivo o grupos de niños tomados de la mano acompañados de sus maestras, hasta zonas rurales en las que un acuerdo entre las empresas de transporte, los Gobiernos y las comunidades han logrado que los pequeños se transporten siempre gratis. Y también cosas terribles.

Los casos van desde padres –y especialmente madres– que dejan de trabajar para poder llevar a sus hijos al colegio, hasta niños que tienen que hacer malabares suicidas para subirse sin permiso a un bus de escalera que no los quiere transportar. Desde niños de clase media que pasan tres y cuatro horas del día encerrados en una caja con ruedas, hasta maestros que deben caminar cuesta arriba por una montaña para llegar a un colegio mientras las rutas del mismo colegio, casi desocupadas, les pasan por el lado sin recogerlos. Desde sepelios de niños atropellados cuando cruzaban una avenida para llegar caminando a su escuela, hasta lugares donde teniendo el presupuesto para pagar el transporte escolar, los municipios no consiguen ejecutarlo porque no hay quien cumpla con los estándares legales para ser contratado. Y aunque menos publicitado que el caso de la alimentación escolar (y con honrosas excepciones de servicios de transporte escolar de excelencia), este también es un mundo de carteles para manipular licitaciones, mafias de la contratación, funcionarios ladrones y empresarios riquísimos que les pagan una miseria a conductores sin experiencia.

La movilidad también es un factor asociado a la calidad de la educación, bien porque los estudiantes dependen del transporte para no llegar exhaustos, porque lo requieren para tener jornada completa o porque los maestros pueden aceptar o rechazar una plaza docente dependiendo de la movilidad de la que dispongan. Pero en aras de la calidad, el Gobierno ha venido insistiendo en cerrar escuelas pequeñas en zonas rurales apartadas para integrarlas en unidades de mayor tamaño que ofrezcan más recursos educativos, aunque muchas veces no hay carreteras o medios de transporte, y los niños se quedan sin escuela ni grande ni pequeña. Y una de las últimas medidas ha sido la de reducir el número de maestros que tienen derecho a un pequeño pago adicional para transportarse cuando trabajan en zonas de difícil acceso.

En las ciudades, el asunto es crítico porque la irracionalidad en el urbanismo (abandono de las zonas céntricas, especulación inmobiliaria que hace que colegios se vuelvan centros comerciales, y constructores que no dejan lotes para hacer instituciones educativas, entre otras causas) ha hecho que tengamos colegios donde los estudiantes no viven cerca.

Y como suele suceder con el Estado en Colombia, oscilamos entre normas de protección ridículas que en la práctica es más lo que dañan que lo que cuidan, y la negación de las mínimas garantías por ausencia de recursos o por inacción ante el miedo a la arbitrariedad de los organismos de control. Que un profesor no se puede subir al mismo bus de sus estudiantes; que así no haya carretera, el bus tiene que ser nuevo; que la monitora de ruta es indispensable aunque el transporte lleve poquísimos niños; que los estudiantes de grados superiores ya no pueden ayudar a sus compañeros pequeños a cruzar la calle. Unos luchan por más regulación, otros por más flexibilidad, mientras hay indicadores críticos de baja matrícula y deserción escolar antes de los 5 años, entre los 11 y los 12, y luego entre los 15 y los 16 años. Y en cada caso, esas reducciones en el acceso al sistema están asociadas a tener que moverse a mayor distancia para iniciar la vida escolar o pasar de la escuela primaria a la secundaria, y de la secundaria a la media.

Es impresionante cómo cambian radicalmente las condiciones de vida para muchas familias cuando un hijo en situación de discapacidad consigue un servicio especial de transporte escolar. O con más frecuencia, cuando a un chico le asignan un cupo en una ruta, le prestan una bicicleta o simplemente le dan un subsidio de transporte público. Para que esas medidas funcionen se requiere coordinación entre instituciones del Estado, reducir el poder de quienes negocian con ese servicio vital, mejorar la infraestructura y aplicar el sentido práctico para resolver un problema cultural y logístico.

El asunto de fondo es la segregación: si a todos los colegios pudieran ir todos los niños (es decir, que los colegios públicos en el barrio o la vereda fueran cómodos, buenos y policlasistas), las familias no tendrían que llevar los niños a la porra para estar con maestros o estudiantes ‘excepcionales’. Todos los chicos estudiarían cerca de sus casas con profesores que viven cerquita, y llegarían a clases caminando, en bicicleta o en burro, sus comunidades los cuidarían colectivamente, todos estaríamos más tranquilos, y nos saldría más barato. Pero esos sueños de dinosaurio socialista…


ÓSCAR SÁNCHEZ
*Coordinador Nacional Educapaz

Columnistas

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