Reformas educativas por la vía rápida

Es necesario un esquema especial para facilitar ese acceso a la buena educación superior.

Óscar Sánchezfebrero 27 de 2017, 11:55 A.M.

Después de años de un bloqueo en el que todos perdemos, la implementación de los acuerdos de paz podría destrabar reformas necesarias para mejorar la educación de quienes han sido afectados por la guerra. Si se cumplen dos condiciones: que se adelanten algunas conversaciones con suficiente profundidad y con quienes deben ser arte y parte de esas reformas, incluyendo a jóvenes, familias, educadores e instituciones educativas, expertos y sector productivo; y que en nombre de la paz se hagan cambios efectivamente relacionados con la paz y no se aproveche la coyuntura para pasar ‘de agache’ otros asuntos loables o no, pero que exceden el objetivo de desactivar las causas de la guerra.

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Lo de ‘fast track’ es un desafortunado rótulo para un proceso necesario. Pero una cosa es que haya asuntos legales urgentes relacionados con la paz (resolver la situación jurídica de los guerrilleros para que puedan entregar las armas, por ejemplo) y otra que haya que hacer a la carrera lo que funcionaría mejor con una concertación adecuada. A mi juicio, tras el resultado del plebiscito, el Gobierno y la Corte Constitucional debieron limitar las disposiciones de trámite legislativo especial a lo más crítico y a marcos generales, y abrir la puerta a un nuevo consenso con un diálogo tranquilo e incluyente sobre la manera de implementar los asuntos menos urgentes derivados de los acuerdos. No propongo aplazar la agenda normativa de la paz, sino darle prioridad para un trámite, como dicen los viejitos, sin prisa y sin pausa.

Todas las corrientes de opinión comparten la necesidad de aumentar las oportunidades para que los jóvenes campesinos e indígenas se eduquen desde la primera infancia hasta la formación técnica y profesional, y de que una educación para la reconciliación y la democracia entre con fuerza en los programas educativos de colegios y universidades. Eso es lo que proponen los acuerdos de La Habana. Y por eso, entre los más de 500 ajustes propuestos por quienes lideraron el ‘No’ en el plebiscito, ninguna iniciativa sugirió modificar las 18 disposiciones de esa negociación relacionadas con la educación. Y en el Congreso de la República, miembros de todas las bancadas, desde el Polo hasta el Centro Democrático, han participado en debates sobre el tema y manifestado acuerdo sobre elementos claves de esas reformas. ¿Una oportunidad? Pues nada menos que la oportunidad de comenzar con la educación a construir los consensos que la paz requiere, con una alta probabilidad de aprobar las leyes que se necesitan entre todos. Incluso se podrían adoptar los marcos generales por la vía rápida, y los detalles a su debido tiempo.

Un grupo de organizaciones de la sociedad civil, académicas y de la cooperación internacional se ha organizado para esa discusión en la Mesa de Política Educativa para la Paz, y han logrado un diálogo constructivo con el Ministerio de Educación y la Consejería Presidencial para el Posconflicto sobre ciertos elementos claves que requiere la educación rural inicial y básica. No obstante, solamente si las comunidades rurales tienen la oportunidad de definir sus prioridades educativas y las apoyamos en toda su diversidad, esas reformas de la educación básica pueden prosperar. Y no ha sido fácil convencer al Gobierno de tomarse el tiempo necesario, legislar ahora sobre un marco general y dejar los detalles para esa construcción comunitaria.

Entre tanto, en el caso de la educación superior, la concertación se puso difícil. Renunció el representante de los sectores académicos en el Cesu (Consejo de Educación Superior), y el rector de la Universidad Nacional, junto con otros académicos muy relevantes y el conjunto de universidades públicas, le ha pedido al Congreso no apoyar las iniciativas del Ministerio de Educación, el Sena y el Ministerio del Trabajo para hacer que la educación técnica y la universitaria se acerquen entre sí adoptando el ‘sistema de educación terciaria’, una propuesta en esencia positiva pero que no ha sido suficientemente concertada y deja por fuera muchos temas esenciales, como la revitalización de las universidades públicas en las políticas de educación superior.

Las universidades del Estado y el Sena quieren apoyar la paz, y entienden que eso pasa para que la oferta llegue a las zonas rurales, donde la guerra se alimenta de muchachitos que no pueden recibir formación técnica en sus colegios, rara vez van a un centro de formación laboral y casi nunca llegan a la universidad. La idea de un esquema especial, integrado y descentralizado para facilitar ese acceso a la buena educación superior en las zonas del conflicto armado es viable y necesaria (ver columna). Y con seguridad se llegaría a un acuerdo para ponerla en marcha si se conversa pronto y bien. ¿Se podrá?

Depende de que el método mejore. Mientras las reformas electorales y políticas contempladas en el acuerdo llevan dos años de reuniones semanales con especialistas, partidos políticos y cooperación internacional para analizarlas, y se ha creado una comisión de alto nivel para elaborar las propuestas necesarias antes de presentar al llamado fast track los proyectos de ley requeridos, en el tema educativo los espacios han sido más difíciles de abrir. Doy fe de que la nueva Ministra de Educación quiere que los programas requeridos para la paz se construyan en diálogo con la sociedad. Así lo ha expresado (incluso expidió un comunicado donde deja claro que no presentará proyectos de reforma si no hay consenso), y ha invertido tiempo y energía para hacer ese diálogo. Pero acaba de llegar, su equipo apenas se está posesionando y tiene mucha presión para correr. Eso representa un riesgo.

Señoras ministras de Educación y Trabajo, señor director del Sena, señores rectores y rectoras de las universidades del sistema universitario estatal y de Ascun, integrantes del Cesu, voceros de las instituciones técnicas, organizaciones de docentes y directivos de colegios públicos y privados de todo el país, voceros del movimiento estudiantil, representantes del sector productivo, dirigentes políticos y sindicales, una sugerencia: hagan el ejercicio de escuchar JUNTOS a los jóvenes, familias y profesores de las comunidades del conflicto armado. Verán cómo les dan ganas de ponerse de acuerdo. Luego sí, fijen sus posturas.

Óscar Sánchez

*Coordinador Nacional Educapaz

@OscarG_Sanchez