En Colombia no hay política de paz porque el voto de fe a la mano dura concluyó que con el enemigo solo hay dos opciones, la rendición o la muerte. Pero tampoco hay política de guerra. La seguridad democrática no es una política sino un método que, como tal, privilegia la eficacia por encima del derecho. Su objetivo es exterminar al enemigo y se define por cuestiones tales como cuántos terroristas hay, a cuántos hay que dar de baja, a cuántos desmovilizar, cuál es el tamaño de la fuerza que se necesita para llevar a cabo esa tarea y cuánto hay que pagarle a quien ayude a optimizar esos resultados. Según las cifras de la revista Semana, solo en el período Uribe han sido dados de baja o desmovilizado a 59.116 guerrilleros y faltan otros 14.200. Eso son 73.316 guerrilleros. Pero ese es un método, no una política, porque no responde a la pregunta que la definiría como tal: ¿quién es el enemigo?.

En ausencia de reflexiones profundas sobre el tipo de guerra que estamos librando, el enemigo, apenas entendido como un individuo que pertenece a un grupo armado ilegal, ha perdido de facto su condición de ciudadano, al que no ampara el derecho de su propio país. Contra él, todo se vale, sin más, lo que permite resolver superficialmente los dilemas inseparables del hecho de estar financiando una guerra entre colombianos, de considerar válido el sacrificio de los derechos de los secuestrados con tal de no concederle ventaja alguna, o de pasar por alto la legalidad de las bajas a los "objetivos de inteligencia" o "guerrilleros vestidos de civil".

Es cierto que existen reportes y cartas de las instituciones en los que se informa sobre la existencia de cientos de casos de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales desde hace años, pero la pregunta que hay que hacerles a esas instituciones es a cuántos oficiales y políticos han sancionado, cuántos han sido destituidos por causa de esas investigaciones, cuántos están tras las rejas. En algunos casos la respuesta es: ninguno. En su rendición de cuentas nos tienen que explicar por qué, además de cumplir con la obligación de denunciar infracciones, las instituciones no han cumplido a cabalidad con la obligación de vigilar y controlar. La directiva 029 del 2005, que regula el pago de recompensas, prevé la participación de la Fiscalía en el comité técnico que la ejecuta. La Procuraduría tiene facultades para levantar archivos de inteligencia. ¿Qué pasó? No podemos limitar la defensa de los derechos a la denuncia y el conteo de cuerpos y víctimas. Hay que ir a la raíz y meterse en los asuntos que están en el origen de estos problemas. No podemos seguir aspirando a que la presión venga desde afuera, sea el presidente Obama o la Corte Penal Internacional. Las instituciones cuentan con las facultades, los medios y el mandato. Tienen que hacer su trabajo.

El problema siempre será que el enemigo, más que una fuerza armada ilegal, es un negocio ilegal multimillonario, que no solo no se ha debilitado sino que sigue demostrando una asombrosa capacidad para crear estructuras para su propia defensa. Si se prueba que DMG ha estado lavando activos de los carteles del Valle, como algunos presumen, el narcotráfico habrá involucrado a cientos de miles de personas en el lavado de activos. El enemigo no es un individuo. Siempre habrá un don dispuesto a reemplazar a otro. Don Pablo, Don Manuel, Don Miguel fueron reemplazados por Don Diego, Don Salvatore, Don Mario. Lo que define al enemigo en Colombia nada tiene que ver con la moral ni con las fronteras legales que amparan los derechos fundamentales. Nuestra frontera moral es una raya de coca que mueve con solvencia tantas fichas como le parezcan necesarias, tanto en la economía como en la política. Es por eso por lo que, a pesar de las cifras, la verdadera guerra la vamos perdiendo abrumadoramente.

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Natalia Springer