Los patrones de ejecuciones extrajudiciales atados a los casos de desapariciones de jóvenes en todo el país durante el último año superan la explicación del afán por mostrar resultados operacionales, más aún luego de los fuertes cambios que se han producido en la política oficial. Estos casos exponen un modus operandi distinto. Distinto porque la motivación es otra: redes de crimen organizado que corrompen a miembros de las fuerzas para seguir operando y que les entregarían cadáveres para 'legalizar' como resultados.

Las Fuerzas Armadas han conseguido con éxito controlar el territorio nacional y menguar la acción de los grupos al margen de la ley, pero las estructuras del narcotráfico se mantienen casi intactas y, en esa medida, no ahorrarán esfuerzos para pervertir a las instituciones o acabar con ellas, si se les oponen. Es fácil corromper a una tropa mal nutrida, mal pagada y exhausta, que empieza a sentir que la estrategia llega a los límites del agotamiento, mientras el negocio reproduce la emergencia de bandas dedicadas al crimen organizado, una nueva generación de 'paramilitares' y la agresiva adaptación de reductos de las guerrillas, que han encontrado en el narcotráfico un medio para sobreponerse, como los frentes de las Farc que han entrado en alianza con los hombres de 'Cuchillo' y 'don Mario'; de los pactos del Eln con 'Los rastrojos' y de la brutal multiplicación de las 'Águilas negras'.

El problema supera la capacidad de las Fuerzas Militares para afrontarlo, pero su accionar será definitivo en la medida en que la persecución de los grupos armados se armonice con la lucha contra el narcotráfico, lo que incluye un permanente monitoreo de cómo estas estructuras criminales buscan corromper o destruir a la institución. En esa medida, la voluntad del Comandante del Ejército al dar un paso al frente y separar de sus cargos a tres coroneles por los hechos de Soacha es una decisión histórica que nos envía un mensaje clarísimo: se acabó la mal llamada 'solidaridad de cuerpo'. El Ejército no ampara a criminales; los persigue.

Sin embargo, no conseguiremos superar la violencia mientras la institucionalidad de este país siga acomodándose al narcotráfico, aceptando esos recursos como una zona gris que mantiene a flote una economía falsa, unas tasas de empleo mentirosas, una seguridad que no tiene nada de democrática, una identidad nacional fraccionada y estragada por la confrontación permanente y esa cultura del "todo por la plata" que se mudó a "todo por el poder" hasta el extremo de haber erradicado de la clase política y del grueso de nuestros funcionarios públicos toda dignidad, todo sentido de la responsabilidad. El discurso que se ha impuesto es el mismo de Marx (Groucho Marx), pero en su versión trágica: "Estos son mis principios. Si no le gustan, tengo otros".

Esta semana, la comisión especializada nombrada para el esclarecimiento de los hechos presentará un exhaustivo informe con la documentación de algunos casos, pero también deberá explicarnos por qué el patrón alcanza tan amplia dispersión territorial, por qué en ese período de tiempo y de dónde salen tantos recursos para financiar la compra de armas, el pago de informantes, la fabricación de pruebas y de testigos. Seguir tapando el sol con un dedo no solamente demorará el remedio, sino que hará más fuerte al enemigo.

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La primera reforma que le urge a la Justicia es el cambio de Ministro. Es una vergüenza que el Ministro de Justicia y del Interior, Fabio Valencia Cossio, continúe aferrado al cargo, incluso al costo de inventarse una leguleyada tan insultante para las víctimas del paramilitarismo como es el decreto especial que nombra al Ministro de Hacienda como Ministro de Justicia encargado, exclusivamente para el caso de su hermano.

Natalia Springer